Arbitributariedad

Noticia del momento es el esfuerzo legal para alivianar los créditos universitarios. El Estado de Chile, respondiendo a un clamor social, quiere asegurar que la vocación y el mérito no queden frustrados por falta de financiamiento. Honra con ello su deber de garantizar el derecho a la educación y proteger la libertad de enseñanza y trabajo. Los jóvenes incrementarán su legítima expectativa de contar con empleos bien remunerados, contraer matrimonio y adquirir una casa para cobijar sus sueños de familia.

¿Qué ocurrirá 40 años más tarde, llegada la hora de jubilar? El bien raíz que pagaron religiosamente con parte significativa de sus ingresos se habrá ido valorizando cada quinquenio, en la progresión con que se evalúa la propiedad territorial. Para entonces, los ingresos nuevos se habrán congelado o sensiblemente recortado, dejando el paso a los ahorros previsionales. Aumenta el requerimiento de gastos en salud y en personal de asistencia y servicio. Los hijos y nietos no vacilarán en representar al jubilado sus urgentes carencias, con el sutil argumento de que más vale utilizar el dinero ahora que reservarlo para un mañana incierto. Y cuatro veces al año llegará a la hermosa morada, construida con tan perseverante esfuerzo, el inconfundible sobre color verde ecológico rotulado eufemísticamente como “Contribución de Bienes Raíces”, conminando a pagar una suma siempre en aumento bajo pena de despojo legal y consiguiente remate del bien raíz: el Fisco y sus intereses están primero.

El empeño legislativo por garantizar el derecho a la educación y al trabajo habrá por entonces precipitado un círculo vicioso: “te aseguro el acceso a elevados ingresos y buena vivienda familiar, y te condeno a renunciar paulatinamente a tu casa para que puedas seguir subsistiendo. Y no trates de evadir el círculo transfiriendo a un pariente la propiedad de tu casa, porque mi poder persecutorio de lo que es mío es omnisciente e impersonal”. 
El sobre color verde ecológico sincera la realidad, reconociendo que se trata de un “impuesto territorial”. El solo hecho de vivir en ese pedazo de tierra comprado con el propio trabajo te constituye en deudor tributario. Al Fisco no le interesa cuáles son tus ingresos reales: “tienes territorio que vale cada año más, y yo presumo que tus ingresos van a la par de la plusvalía territorial. Págame, o yo saco tu propiedad a remate”. La Constitución prohíbe expresamente tal razonamiento, pero el Estado sigue actuando conforme a su perversa lógica. El Senado destina incontables horas y recursos nacionales a discutir si autorizará la eliminación de vidas “inútiles”, incómodas, indeseadas antes de nacer. Es hora de que algún Poder del Estado se interese por honrar la dignidad y bienestar de tantos beneméritos adultos de la clase media, condenados a dejar sus casas por esta agraviante “arbitributariedad”.