Señales en concreto

El Gobierno publicó ayer el decreto que extiende en 18 meses la vigencia de cientos de permisos de edificación, evitando así que un número abultado de proyectos de nuevas viviendas perdiera sus respectivas autorizaciones para continuar con su desarrollo. Este hecho administrativo se produjo justo un día antes de que los permisos caducaran, lo que muestra un panorama muy gráfico de lo que la industria de la construcción e inmobiliarias debe enfrentar en materia de estabilidad y certezas para la inversión. De no haberse prorrogado la vigencia de estos permisos, más de 90 mil viviendas hubiesen quedado fuera del marco legal y, con ello, perdido prácticamente todo su valor de mercado. Es complejo invertir en un sector cuya naturaleza es el largo plazo, cuando las normas y el clima de negocios se tornan impredecibles, más allá de la casuística sobre cómo se llegó a este nivel de falta de desarrollos.

La construcción y las ventas inmobiliarias vienen enfrentando señales complejas en aspectos clave que regulan su actividad.

La construcción y las ventas inmobiliarias vienen enfrentando una situación compleja desde hace meses, lo que tiene que ver tanto con el desempeño de la economía, como con la poca claridad en el mediano y largo plazo de aspectos que regulan su actividad. Cuando se trata de actividades económicas que involucran concreto, infraestructura gruesa, fierros y un sinnúmero de otros materiales durables, lo que no se puede permitir es la incerteza en torno a cómo operará el mercado y cómo se conducirá la autoridad. Más aún, cuando se trata de un rubro que representa el 7% del PIB y concentra el 10% del empleo nacional, en un escenario donde el crecimiento económico permanece estancado y la tasa de desempleo bordea el 9% a nivel nacional.

Los problemas que aquejan a esta industria derivan de una combinación de malos imputs, como el congelamiento de permisos tras la pandemia, el menor dinamismo de la economía, la caída en los ingresos de las familias, la permisología y el deterioro del acceso a financiamiento. Todos estos aspectos han sido expuestos por el sector privado, el que ha presentado diversas propuestas para emprender una agenda de reactivación económica que no siempre ha sido bien comprendida por el Ejecutivo.

Cifras del rubro muestran que las obras en fase de terminación son cuantiosas, mientras que los nuevos ingresos están un 48% por debajo del promedio de 2019. Lo que se requiere es dar señales concretas y claras de que a este sector productivo, clave para Chile, no se le tratará como a un actor menor dentro del concierto nacional. Llegar a última hora a firmar un decreto que permitió darle oxígeno a un grupo de obras, ciertamente, no es el tipo de señales que una industria estratégica debiera estar recibiendo. Puede que parezca quisquilloso o incómodo hablar de señales y trato, pero mantener en ascuas inversiones de miles de millones de dólares es un escenario que no debiera darse en un país que se reconoce a sí mismo como respetuoso del derecho y de la legalidad.