Reforma fiscal podría provocar un quiebre en relaciones entre Irlanda y la Unión Europea

El riesgo de una crisis en las ya complicadas relaciones entre Irlanda y la Unión Europea ha aumentado luego de que 25 de los 27 miembros del bloque aprobaran un tratado para reforzar la disciplina fiscal dentro de la eurozona. Si esto se somete a un referéndum y los votantes irlandeses lo rechazan, la posición de Irlanda en la UE quedará más dañada, impidiendo el acceso del gobierno a los fondos de rescate. Un reciente sondeo reveló que 70% de los irlandeses cree que hay que realizar un plebiscito sobre el compacto fiscal en la eurozona.

A finales de enero, todos los miembros de la UE (con la excepción de Reino Unido y la República Checa) acordaron un tratado que fortalece la disciplina fiscal en la eurozona. Para el gobierno irlandés, el proceso de ratificación de este nuevo tratado podría causar una crisis interna o en sus relaciones con sus socios europeos. Si el tratado es sometido a referéndum, el resultado es difícil de anticipar. Entre los votantes podría prevalecer la cautela y ganar el “sí”, pero es altamente posible que el tratado sea rechazado por un electorado cada vez más disgustado por la sensación de pérdida de soberanía de Irlanda bajo los términos de su acuerdo de rescate con la UE y el FMI. El 2 de febrero, el acceso a fondos de rescate del Mecanismo de Estabilidad Europea (ESM) —el sucesor permanente que reemplazará en la eurozona al actual Fondo de Estabilidad Financiera Europea (EFSF) —, fue vinculado formalmente a la ratificación del nuevo tratado fiscal hasta el 1 de marzo de 2013.

Luego de finalizado el texto del tratado, el gobierno irlandés formalmente pidió una opinión del fiscal general para saber si desde el punto de vista constitucional era necesario un referéndum. Se espera que éste emita su opinión a fines de febrero. Aunque probablemente el funcionario concluya que no es necesario un referéndum (las negociaciones en el texto final del tratado tomaron en cuenta las dificultades que podría causar un plebiscito irlandés), es inevitable que dicha decisión sea llevada ante la Corte Suprema. Es posible que el presidente se adelante a este proceso y remita la legislación del tratado a la Corte Suprema, una medida que podría restarle presión a la coalición. Una decisión judicial rechazando la necesidad de un referéndum pesaría más en el electorado que una decisión similar tomada por el gobierno.




Apoyo a plebiscito


El apoyo de la opinión pública a un referéndum es fuerte, según un sondeo de Red C difundido en el Sunday Business Post a fines de enero. Un 70% de los entrevistados cree que debiera realizarse (un 40% señaló que votaría “sí”, mientras un 36% indicó que optaría por el “no”). El principal partido de oposición, Fianna Fail, ha llamado a realizarlo incluso si no es necesario constitucionalmente.

No realizarlo disgustaría a sectores importantes del electorado, molesto por la percepción de ineficiencia del gobierno en defender los intereses de los contribuyentes irlandeses en Europa, sobre todo en relación a la insistencia del Banco Central Europeo (BCE) en que los tenedores de bonos sin garantía de los fracasados bancos irlandeses sean pagados por el estado irlandés.

Sin embargo, son mayores los riesgos de realizar el referéndum y que el tratado sea rechazado. Aunque no hay mecanismos formales para expulsar a un país de la eurozona, las relaciones de Irlanda con la UE quedarían dañadas, con potenciales efectos desestabilizadores, sobre todo si cayera el apoyo a Irlanda de parte de las grandes empresas multinacionales cuyas operaciones en el país apuntalan su modelo económico.