En los últimos meses varias empresas industriales de los rubros metalmecánico, producción de papel y otros han anunciado el cierre de instalaciones ante la imposibilidad de competir con productores del exterior afectados, entre otras cosas, por los actuales valores de la energía eléctrica. A los conocidos casos de CAP y CMPC, entre otros, a inicios de esta semana se sumó el de Madeco, que decidió cerrar su filial Mills, encargada de la fabricación y venta de tubos de cobre.
Si bien son varios los factores que explican la situación de desventaja competitiva que afecta a la industria nacional, en todos los casos el costo de la energía es el que se menciona como el más relevante y decisivo a la hora de resolver la suspensión o cierre definitivo de faenas.
Que las empresas no estén pudiendo sobrevivir por una variable de costos anormalmente alta debe mover no sólo a la reflexión, sino que también a la acción. Es cierto que el país es claramente dependiente en fuentes energéticas, pero esa condición no puede ser asumida como una condena. Ya sea porque el país dispone de abundantes fuentes de energía renovable que podrían restar presión en este ámbito (entre ellas la hidroeléctrica, por cierto), como porque hay importantes espacios de mejora en los procedimientos de aprobación de proyectos de generación, es posible proyectar un escenario con menores costos energéticos.
Clave es también reducir la incertidumbre en torno a la puesta en marcha de proyectos que han cumplido los trámites de aprobación, siendo relevante que haya mejores formas de encauzar la opinión ciudadana y de evitar la judicialización indefinida de los proyectos.