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Alto contrasteLo que marca la legislación laboral de nuestro país es la evidente exclusión de importantes segmentos de la población que buscan un espacio en el mundo laboral. Me refiero a las mujeres, jóvenes y adultos mayores.
Las mujeres son caras para el sistema de salud, tienen hijos, fuero cuando se embarazan y son inamovibles durante dos años. Los jóvenes, son cada vez más inmaduros, cuesta retenerlos. Hay un grupo importante con poco acceso a una buena educación, que se estancan en trabajos de mala calidad y, “los viejos” que siguen activos, con mayor expectativa de vida, pero se ven excluidos del sistema.
Un sistema laboral inclusivo es un ordenamiento que no discrimina y que entrega incentivos para que los empleadores se atrevan a apostar. Es legítimo que las empresas busquen personas entre los 30 y 45 años preparados y productivos. Es igualmente legítimo que el Estado promueva la inclusión de los estamentos de la población que han sido excluidos.
Los estímulos de contratación de jóvenes van en el camino correcto, pero son insuficientes. Se debe procurar la capacitación. Subsidiar, favorecer, premiar al empleador que genere políticas inclusivas para ellos y que entregue un salario que sea de mercado. Las actuales políticas entregan beneficios al empleador sobre la base de salario mínimo y eso no es saludable. Debe promoverse un sistema de escala para los empleadores que contraten jóvenes y que se bonifique el pago de cotizaciones previsionales según el monto de remuneración que se pagará y se compense en dinero a quienes capacitarán a los mismos.
En el caso de las mujeres, la principal falencia del sistema es la inexistencia de adaptabilidad laboral para ellas. Deberían favorecerse las jornadas parciales libremente pactadas, un post natal más largo, no como licencia médica, sino como permiso postnatal, que le entregara a la empresa beneficios, descuentos tributarios u otros subsidios por contratar mujeres en condiciones de parcialidad. ¿Cuál sería el beneficio?: Dos personas por puesto (dos jornadas parciales), dos familias con la madre más presente, mujeres menos estresadas, menos gastos en horas extras y quizás cuántas cosas más.
Incentivar esa contratación flexible generaría una mejora en la percepción del trabajo femenino. El Estado debería crear un sistema especial de jornada que entregara beneficios a la empresa, como incentivos mensuales en dinero por implementar jornadas flexibles, generar una ley que obligue a las empresas a tener políticas de ascenso y promoción inclusivas y no discriminatorias.
Y, en el caso de los adultos, incorporar subsidios que focalicen su contratación sería una medida que sólo traería beneficios: personas alegres, sin enfermedades, con cobertura de por las empresas, porque con su contratación obtendrían subsidios estatales.
Esto es un barniz para avanzar hacia un sistema laboral más inclusivo, de mejor calidad y más productivo hacia el futuro.
