La semana pasada se conoció la licitacion de suministro convocada por las distribuidoras eléctricas Chilectra y Chilquinta. El proceso sólo contó con la participación de Endesa y las firmas Puyehue y Panguipulli -todas controladas por la italiana Enel- dejando en evidencia el bajo interés de los generadores por negociar contratos a los precios y plazos ofrecidos.
Aunque el bloque adjudicado no representa más del 10% de la energía contratada por la empresa, el resultado del proceso es una nueva manifestación de problemas que afectan al mercado eléctrico local, como son una baja competencia, oferta reducida y una consecuente expectativa de incremento en los precios por parte de los generadores con presencia en el sistema.
Los US$ 90 por MWh de precio medio licitado se comparan desfavorablemente con los más de US$ 210 por MWh de precio marginal registrado en febrero pasado o de los sobre US$ 180 tan criticados por un gobierno que afirma su intención de llevar los precios a unos más competitivos US$ 80 por MWh.
Pero La Moneda debe conciliar un doble interés. Por una parte, impulsar la inversión sectorial para efectos de duplicar la actual matriz energética y responder a los desafíos de un país que pretende crecer al 6% anual en los próximos cuatro años. Por la otra, hacerlo de tal forma que los precios sean competitivos para el sector productivo. No obstante, las comparaciones en este caso dejan espacio para interpretaciones engañosas. Por lo pronto, ocurre que países como Argentina exhiben precios que van entre los US$ 29 MWh y los US$ 81,6 MWh dependiendo si se trata de consumo residencial, industrial o comercial. Pero, en la práctica, sufre cortes de energía, problemas de suministro y pasó de ser un país exportador de energía a uno importador, como consecuencia -precisamente- de una inadecuada combinación de precios, incentivos e inseguridades regulatorias.
No sorprende, entonces, que los precios más altos de la región se observen en aquellas economías más dinámicas, como Chile y Brasil, ni tampoco que los valores en nuestro país se aproximen al del promedio de naciones OCDE.
Resolver la ecuación de precios e incentivos para promover la inversión en el sector energético es compleja, en particular cuando se suman otras intenciones, como la incorporación de energías renovables. Resulta valorable, en este sentido, la intención del Ejecutivo de revisar algunas disposiciones y conceptos que dificultan la expansión de estas opciones en la matriz, como la sui generis calificación de no convencionales, que termina por afectar a la hidroelectricidad.
Aunque el bloque adjudicado no representa más del 10% de la energía contratada por la empresa, el resultado del proceso es una nueva manifestación de problemas que afectan al mercado eléctrico local, como son una baja competencia, oferta reducida y una consecuente expectativa de incremento en los precios por parte de los generadores con presencia en el sistema.
Los US$ 90 por MWh de precio medio licitado se comparan desfavorablemente con los más de US$ 210 por MWh de precio marginal registrado en febrero pasado o de los sobre US$ 180 tan criticados por un gobierno que afirma su intención de llevar los precios a unos más competitivos US$ 80 por MWh.
Pero La Moneda debe conciliar un doble interés. Por una parte, impulsar la inversión sectorial para efectos de duplicar la actual matriz energética y responder a los desafíos de un país que pretende crecer al 6% anual en los próximos cuatro años. Por la otra, hacerlo de tal forma que los precios sean competitivos para el sector productivo. No obstante, las comparaciones en este caso dejan espacio para interpretaciones engañosas. Por lo pronto, ocurre que países como Argentina exhiben precios que van entre los US$ 29 MWh y los US$ 81,6 MWh dependiendo si se trata de consumo residencial, industrial o comercial. Pero, en la práctica, sufre cortes de energía, problemas de suministro y pasó de ser un país exportador de energía a uno importador, como consecuencia -precisamente- de una inadecuada combinación de precios, incentivos e inseguridades regulatorias.
No sorprende, entonces, que los precios más altos de la región se observen en aquellas economías más dinámicas, como Chile y Brasil, ni tampoco que los valores en nuestro país se aproximen al del promedio de naciones OCDE.
Resolver la ecuación de precios e incentivos para promover la inversión en el sector energético es compleja, en particular cuando se suman otras intenciones, como la incorporación de energías renovables. Resulta valorable, en este sentido, la intención del Ejecutivo de revisar algunas disposiciones y conceptos que dificultan la expansión de estas opciones en la matriz, como la sui generis calificación de no convencionales, que termina por afectar a la hidroelectricidad.