Vulneración de la privacidad

En los últimos meses, el Gobierno ha presentado diversos proyectos de ley que buscan modificar el régimen del secreto y la reserva bancaria, con el fin de facilitar el acceso a la información financiera de los contribuyentes y las personas investigadas por el crimen organizado. Estas iniciativas han generado una fuerte controversia, pues vulneran derechos fundamentales como la privacidad y la intimidad, que solo pueden ser limitados en casos calificados y con autorización judicial.

El secreto y la reserva bancaria son garantías que resguardan la esfera de intimidad, privacidad y datos personales de las personas, frente a posibles abusos o intromisiones arbitrarias. El acceso a esta información debe ser ponderado por un tercero imparcial, que juzgue si es necesario y proporcional en relación con el fin buscado. Esta es la lógica que rige en nuestro ordenamiento jurídico, tanto para la persecución penal como para la fiscalización tributaria, donde se requiere la autorización judicial para levantar el secreto o la reserva bancaria.

El levantamiento del secreto bancario que propone el Gobierno implica dejar en manos de la parte interesada la decisión de acceder a información protegida.

Sin embargo, el Gobierno pretende cambiar este sistema, sustituyendo las autorizaciones judiciales por administrativas, lo que implica dejar en manos de la parte interesada la decisión de acceder a información sensible y protegida.

Esto no garantiza el necesario examen de necesidad y proporcionalidad de la medida, ni respeta el debido proceso de las personas afectadas. Además, se trata de una excepción difícil de explicar, pues otras medidas intrusivas, como la interceptación de comunicaciones o el ingreso a inmuebles, requieren siempre de autorización judicial.

El Gobierno argumenta que estos cambios son indispensables para combatir la evasión tributaria y el crimen organizado, pero no presenta evidencia suficiente. Por el contrario, los informes internacionales dan cuenta de que nuestro país cumple con los estándares exigidos en materia de transparencia financiera, y la experiencia judicial muestra que el levantamiento del secreto y la reserva bancaria se ha empleado poco y con éxito por parte del Servicio de Impuestos Internos y los fiscales.

El secreto y la reserva bancaria son derechos fundamentales que deben ser respetados y protegidos, salvo en casos excepcionales y con control judicial. Lo contrario, vulneraría el principio de inocencia y la seguridad jurídica.