Editorial

Voluntad de acuerdos

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Tras una década de intentos fallidos por llevar adelante una reforma de fondo que asegure mejores pensiones a los actuales y futuros jubilados, el problema persiste. La creación del pilar solidario, durante el Gobierno de Michelle Bachelet, junto a la puesta en marcha de la PGU en la administración del exPresidente Sebastián Piñera, se consideran hasta ahora los mayores avances desde la creación del sistema, pero ninguno de ellos logró abordar cambios al pilar contributivo.

Ya en 2006, la llamada comisión Marcel, presidida por el actual ministro de Hacienda, hablaba de la necesidad de que los acuerdos en materia de pensiones se emprendieran sobre la base del trabajo de los expertos convocados para tal propósito. Hoy, pareciera vivirse un déjà vu, cuando tras el amplio consenso en el diagnóstico y las propuestas entregadas por una nueva mesa técnica, las posiciones no avanzan por el sesgo ideológico en que insiste el Gobierno.

La pretensión de aprobar la idea de legislar cómo dé a lugar, poniendo discusión inmediata a la reforma previsional, sin garantías de consenso ni protocolos es fútil: los votos no estarán.

Los expertos convocados por el Ejecutivo y la comisión de Trabajo del Senado para destrabar la actual discusión de la reforma de pensiones, lograron, en palabras del titular de Hacienda, “21 puntos de acuerdo en temas complejos, no solo en los más fáciles”, lo que a su juicio “es una base muy sólida para ir construyendo acuerdos”.

Y entre esos consensos, recomendaron en forma unánime no dividir la industria entre gestión de inversiones y administración de fondos, argumentando que no existe evidencia suficiente que asegure que ello significaría una reducción de costos de operación del sistema. Sin embargo, las razones parecen chocar con la voluntad de la ministra del Trabajo, quien ha asegurado que el Ejecutivo seguirá insistiendo en la división, desoyendo a los técnicos y expertos, bajo una clara agenda política: el “No más AFP”, símbolo de los cambios que prometió el actual Presidente Gabriel Boric en su campaña electoral.

Cuesta entender la estrategia del Ejecutivo para lograr luz verde en una reforma que requiere necesariamente llegar a un acuerdo con la oposición, que no solo es mayoría en la comisión de Trabajo del Senado, sino que además la preside. La pretensión de aprobar la idea de legislar cómo dé a lugar, poniendo discusión inmediata al proyecto, sin ninguna garantía de consenso ni protocolo sobre el curso futuro del debate, es una intensión fútil: los votos no estarán.

Desde 2008, cuando se presentó el primer proyecto de reforma de fondo, se han seguido acumulado las razones técnicamente justificadas para mejorar las pensiones. En un escenario donde la tasa de contribución al sistema se mantiene en 10%, muy por debajo del 18% promedio de los países OCDE, insistir en un debate infructuoso no hace más que impedir que se logren acuerdos en los que ya hace años hay amplios consensos, como lo es la urgencia de aumentar el ahorro.

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