VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrasteVigencia del estado de Derecho
La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, ha decidido recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras el allanamiento de su domicilio, en el marco de una investigación penal por una arista del caso Sierra Bella, que lleva adelante la Fiscalía, realizada el mismo día en que dio a luz a su primer hijo, aduciendo ser “víctima de una gran violación de derechos”. Las diligencias se enmarcan en la causa que el Ministerio Público lleva en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias, luego de que se conocieran conversaciones por mensajería con la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler -investigada en el caso Sierra Bella-, donde la diputada pide ayuda para un empresario que la apoyó en su campaña, según ella misma revela en sus conversaciones por WhatsApp.
La defensa de la diputada comunista ha insistido en su inocencia y en que existirían desprolijidades en la solicitud que la Fiscalía presentó al Juzgado de Garantía que, a su vez, autorizó las medidas intrusivas. Se ha cuestionado de manera transversal también la oportunidad en que se realizó la diligencia, ya que habiendo tenido conocimiento de estos hechos hace bastante tiempo, el fiscal habría decidid realizar el allanamiento el mismo día del parto. Si son ciertos estos descargos y si hubo o no desprolijidades es materia, precisamente, de la investigación y de los recursos que los tribunales deban resolver. Si hay mérito en las acusaciones del Ministerio Público será una decisión que deben resolver tribunales imparciales que dan garantías a todas las personas respecto del pleno respeto de la presunción de inocencia. Adicionalmente, si fue o no el momento adecuado es materia de debate, donde ciertamente cada sector puede interpretar la acción del fiscal como mejor le acomode. Lo que sí debe ocuparnos de manera urgente es despejar por qué una diputada solicita favores a una correligionaria que también ocupa un cargo de representación popular, independiente de si ese favor se concretó o no. Hay vulneración de derechos cuando no se cumple con la ley y cuando se abusa del poder que da el ejercicio del cargo que el Estado asigna. Eso deben determinarlo las instancias judiciales internas y en la forma en que la ley lo prevé.
Lo que parece poco sensato es escalar el tema a un organismo internacional como la CIDH, cuestionando la integridad del Estado chileno al que la diputada también representa. Es, sin lugar a duda, una penosa situación que el allanamiento ocurriese en las circunstancias personales y familiares que vivía la diputada, pero en ningún caso podrían éstas transformarse en un privilegio que obstaculice una investigación, más aún considerando que la exalcaldesa habría borrado parte de las comunicaciones investigadas. Es importante valorar la igualdad ante la ley por muy entendible que sea la situación por la que atravesaba la afectada. Y es necesario también que se aquilate el tono de las acusaciones y aseveraciones, así como la calidad de la investigación de la Fiscalía que tiene el deber de imparcialidad. De eso se trata el estado de Derecho, que es la certeza que tienen todos los ciudadanos a que se respeten sus garantías no importa la posición social de la persona o su filiación política.
