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Alto contrasteA mediados de la semana de pasada, en una jornada intensa y polémica, la Cámara de Diputados rechazó autorizar la venta de medicamentos que no necesitan de receta médica en supermercados y otros establecimientos comerciales distintos de las farmacias. Tras reproches y acusaciones de lado y lado, la autoridad informó que insistirá en la medida, ya sea por la vía de llevar el tema a una comisión mixta o su reposición a través de un veto aditivo.
A nivel oficial existe la convicción de que una ampliación de los puntos de expendio de los remedios sin receta médica promoverá la competencia, mejorando el acceso a ellos y reduciendo los precios de estos productos. De hecho, estimaciones gubernamentales hablan de que una medida como ésta permitiría reducir los precios entre un 5% y un 16%, a lo que se sumaría que un mayor número de puntos de venta ampliará la accesibilidad, sobre todo a segmentos socioeconómicos de menores ingresos o que viven en localidades distantes. De hecho, una consultora ha estimado que un 57% de las personas que conforman el grupo socioeconómico D está fuera del área de accesibilidad de estos medicamentos.
Si bien este es un tema sensible que abarca aspectos de salud pública, en el debate no se han aportado argumentos lo suficientemente robustos que justifiquen el rechazo de esta disposición y menos de aquella que buscaba que las recetas médicas registraran la nominación genérica del remedio. Que las personas dispongan de información y accedan a un mercado más competitivo son objetivos no sólo razonables sino que necesarios y que redundarán en un beneficio social neto.
