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Alto contrasteUn Estado que sigue creciendo
El empleo público creció 75% en la última década, de acuerdo con un reciente informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres). La cifra, que quintuplica el incremento total de la ocupación a nivel nacional en el mismo período, da cuenta de un fenómeno que no responde a una planificación estratégica, sino que es más bien el resultado de un sistema anacrónico y un rígido marco legal, que impide gestionar con eficiencia los recursos humanos en el aparato público y que, por el contrario, incentiva a cada nuevo Gobierno a sumar nuevas contrataciones, sin un ajuste en el tamaño y competencias en los equipos ya existentes.
Según el informe elaborado por la Dipres, la contratación en la dotación oficial del Estado, que incluye a trabajadores de planta, contrata y honorarios, aumentó 7,6% anual, con 28.921 nuevos puestos, durante el último trimestre del año pasado. Los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) fueron los que anotaron la mayor alza, con 12.374 nuevos cargos, debido al traspaso de la administración educativa desde los municipios al Estado; seguidos del sector Salud, con la incorporación de 11.445 funcionarios y 40% del incremento total.
En un contexto de estrechez fiscal, donde diversos expertos vienen advirtiendo que el Estado está gastando más allá de los recursos disponibles, ante lo cual se requieren ajustes forzosos, abordar la gestión del empleo público se vuelve urgente. En la actualidad, este se rige por el Estatuto Administrativo, un marco rígido, con escasos incentivos a la movilidad, la selección y el ascenso por mérito, y que conlleva una fuerte cargo de inamovilidad funcionaria. Se trata de un escenario que dificulta la planificación estratégica, la gestión de recursos humanos y, lo más importante, un Estado al servicio de los ciudadanos. En los hechos, esto se traduce en la imposibilidad de remover trabajadores cuando se cierran programas fiscales mal evaluados, o reemplazar equipos cuando se requieren nuevas competencias. Todo ello atenta contra un Estado moderno, fundamental para la productividad y el crecimiento.
Una administración pública más compacta y eficaz no solo aliviaría la carga fiscal, sino que permitiría que el sector privado recupere su papel central en la creación de empleo y el desarrollo económico. La eficiencia estatal no es solo una cuestión de ahorro, sino de incentivar un entorno donde la actividad privada prospere sin la sombra de un Estado cada vez más grande.
Si en este Gobierno no se ha podido dar ese debate, es de esperar que las futuras administraciones busquen fórmulas que permitan un crecimiento sostenido y mayor inversión privada sin que el Estado siga absorbiendo fuerza laboral que, en circunstancias normales, debería estar contribuyendo al desarrollo desde el sector productivo.
