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Alto contrasteEl gobierno anunció en la primera mitad del presente mes su decisión de incrementar la cartera de obras a licitar hacia 2018 bajo la modalidad de concesiones. De acuerdo con esas previsiones, la meta aumentaría un 20%, empinándose hasta US$ 12.000 millones.
Naturalmente el anuncio fue bien recibido por el sector privado y por los entendidos en temas de infraestructura, tanto por lo que supone en materia de impulso a la inversión en el actual momento económico, como por lo que representaría en cuanto a desatar los crecientes nudos que se observan en materia infraestructura en el país, luego de años en los que el ritmo de avance en este plano se ha ralentizado.
Con todo, desde el propio sector privado ya han surgido llamados a que los anuncios se traduzcan en avances concretos a la velocidad posible y a evitar, como ha ocurrido otras veces, que entre el dicho y la acción medien plazos interminables.
Se trata de un llamado que viene a ponerle presión a la institucionalidad, en cuanto exige avances más rápidos en el otorgamiento de permisos, análisis de estudios técnicos e identificación oportuna de los eventuales problemas que podrían trabar la ejecución de los proyectos.
El punto que hacen los privados es de la mayor relevancia, porque así como en el pasado la capacidad del Estado de dar respuesta oportuna a estos desafíos fue un tema central en la agenda, con complejas ramificaciones, hoy, con las lecciones aprendidas y las innovaciones introducidas, resultará clave monitorear la capacidad de respuesta de las autoridades, la que debe estar a la altura de las necesidades en forma y oportunidad.
