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Alto contrasteReforma previsional: un cambio muy necesario en el pilar contributivo
Finalmente, luego de casi dos décadas de consenso técnico sobre la necesidad de profundizar el pilar contributivo a través de una mayor tasa de cotización, se logró una aprobación muy amplia para iniciar en forma gradual esta tarea. El sólo hecho de haber logrado el acuerdo es positivo, en un contexto de creciente fragmentación y polarización política. Y como han reiterado varios, es evidente que nadie puede quedar plenamente satisfecho con los cambios, lo que sólo ocurre cuando una parte se impone sobre la otra, y entonces deja de ser un acuerdo.
Lo central de la reforma es el aumento de seis puntos de la tasa de cotización a las cuentas individuales, lo que no sólo permite mejores pensiones que un sistema de reparto -insostenible por la demografía- sino que también fortalece el ahorro, el mercado de capitales y el desarrollo económico. Es cierto que preocupan los impactos en el mercado laboral y en las finanzas públicas, pero dada la restricción política de mejorar las pensiones actuales junto con una cotización de cargo del empleador, esos impactos son inevitables. Se hace aún más urgente lograr un mayor crecimiento económico, de tal forma de minimizar el efecto negativo de mayores costos laborales, el aumento del gasto público y la menor recaudación tributaria.
El financiamiento de la garantía por años cotizados (que sólo reciben los que contribuyen un período de tiempo prolongado) a través de un préstamo de los cotizantes al Fondo Autónomo de Protección Previsional, con garantía del Estado, es una forma razonable de financiar la mejoría de pensiones actuales sin introducir un reparto directo o profundizar el déficit fiscal. Es efectivo que para los trabajadores actuales habría mayor seguridad si esos recursos fueran directo a sus cuentas, pero eso impide la mejoría para los actuales jubilados.
No obstante, esta aprobación no significa sellar la política de seguridad social. Quedan cambios pendientes, el más importante, aumentar la edad de jubilación, junto con profundizar los esfuerzos para controlar la informalidad. Por otra parte, es clave el monitoreo permanente a las modificaciones aprobadas, de tal forma de hacer correcciones en caso de que se produzcan efectos no deseados. Esto es especialmente relevante para el proceso de licitación de stocks de afiliados, de tal forma de evitar los riesgos de su implementación. Preocupa también el costo fiscal y los problemas que puede generar el rol del IPS como administrador de cuentas, tema en que el expertise del sector privado es probadamente superior.
La reforma aprobada difiere en forma significativa del proyecto inicial del Gobierno, sin embargo, varios miembros del oficialismo han hecho explícito su objetivo de conseguir la creación de un inversor estatal. Esto es negativo no sólo por los problemas que ha evidenciado el manejo estatal de los recursos públicos y que han quedado de manifiesto, por ejemplo, con el Caso Convenios y las repetidas denuncias de la Contraloría, sino porque también transparenta que el objetivo de parte del Frente Amplio y del Partido Comunista no es solo conseguir mayor competencia, sino además que el Estado tenga una mayor injerencia en el mercado de capitales, marginando al sector privado. Es de esperar que fracasen en ese intento.
