Reforma previsional: la hora de la política

Han transcurrido 16 años desde que se introdujo la primera reforma al sistema de AFP vigente desde 1980. El entonces primer Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet creó el pilar solidario para mejorar las pensiones de los sectores más vulnerables y más de una década después, en 2022, el exPresidente Sebastián Piñera logró poner en marcha la Pensión Garantizada Universal para el 90% de la población de menores ingresos. Ningún otro intento mayor de reforma ha prosperado, pese al consenso en que el tema es urgente.

Los expertos de la mesa técnica lograron llegar a consensos y eso es una buena noticia; ahora es el turno de los políticos.

Esta semana se conoció el informe final de la mesa técnica convocada por los senadores de la Comisión de Trabajo y el Ejecutivo, cuyo mandato era buscar acuerdos basados en evidencia para destrabar la discusión. Los expertos fueron efectivamente capaces de arribar a consensos sobre la base de criterios técnicos y eso es una buena noticia; ahora es el turno de los políticos.

Las coincidencias más relevantes de la mesa estuvieron en que no hay una justificación técnica para la separación de la industria, dado que las economías de escala ya se estarían logrando, pese a que persisten dudas de si ello se está reflejando en las comisiones que cobran las administradoras. Esa razón respalda la idea de licitar un porcentaje del stock de afiliados, aunque dando un plazo de tiempo razonable para el diseño del mecanismo por sus complejidades legales y de procedimientos. Parte de la mesa consideró, además, que en esta licitación no debiera participar el Estado, pues sería juez y parte.

Hubo consenso también en no aumentar la cobertura de la PGU a 100% y que el monto de dicha pensión se indexe a un indicador como la línea de la pobreza para ompedir populismos en torno a un monto arbitrario. Eso explica por qué parte de los integrantes de la mesa se mostraron contrarios a subir la PGU a $ 250.000, monto que supera la línea de pobreza actual.

Asimismo, hubo acuerdo en subir en seis puntos la cotización con cargo al empleador, aunque sigue pendiente el debate sobre su distribución entre capitalización individual y seguro social. Sí hubo consenso en dar un beneficio solidario a las mujeres en función de su mayor expectativa de vida y también hubo acuerdo en que cualquier componente solidario adicional debe basarse en los años cotizados, por un período transitorio, sin que exista un fondo estatal que acumule recursos.

Como se ve, la mesa técnica logró un marco para un acuerdo cuyo foco vuelve a estar en el Congreso. Más allá del voluntarismo del Gobierno que ha insistido en votar el proyecto en debate en la comisión de Trabajo -incluso antes de que se conocieran las propuestas de los expertos- lo relevante es que los legisladores sepan incorporar las recomendaciones técnicas de la mesa constituida para ese fin y que se logre el consenso necesario para abordar de una vez la reforma de pensiones.