Lejos de terminar, las dudas sobre cuál será el marco laboral que regirá en el país prometen perdurar varios meses. Tras el fallo del Tribunal Constitucional que objetó algunos puntos del proyecto de ley aprobado, el gobierno resolvió enviar un veto supresivo de aspectos relevantes de la iniciativa, para luego, conocidos los fundamentos del fallo del TC liberados ayer, abrir un proceso de elaboración de una ley corta que permita reivindicar algunas de las medidas prosindicales que no superaron el examen constitucional.
Más allá de que la señal de la autoridad implícita en la decisión de veto es reprochable en tanto parece una revancha política que penaliza aspectos necesarios para ir avanzando hacia una legislación laboral más moderna como lo son los pactos de adaptabilidad, el otro corolario de este episodio es que queda en evidencia que las autoridades han sido incapaces de cerrar los flancos de incertidumbre que han golpeado ya por más de dos años las expectativas de los agentes económicos en el país.
En efecto, pese a que desde La Moneda se quiso instalar la idea de que el proceso de reformas comenzaba a cerrarse y que de ahora en más los énfasis estarían puestos en el crecimiento, lo cierto es que poco de eso ha ocurrido, siendo muy probable que las incertidumbres en materia laboral nos sigan acompañando algunos meses, en especial a la luz de las diferencias que se perciben al interior del propio gobierno.
Ello, unido al ruido que está produciendo el llamado proceso constituyente, podría terminar conspirando contra la necesaria estabilización del marco de referencia a partir del cual se toman las decisiones de inversión.