En forma unánime el Consejo de Ministros reunido ayer resolvió rechazar el proyecto energético HidroAysén, determinación que en los hechos invalida los acuerdos adoptados el 30 de enero por la misma instancia del gobierno anterior y deja sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) recibida por la iniciativa en 2011. De esta forma el proyecto, que considera levantar un complejo de generación eléctrica por 2.750 MW en la Patagonia, ha sufrido un revés administrativo y político de importancia, más allá de que la decisión gubernamental sea reclamable ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia.
El proceso seguido por este proyecto a lo largo de los años y la decisión reclamable conocida ayer dejan numerosas interrogantes instaladas, cuyas consecuencias son de la mayor relevancia económica, política e institucional. Por su importancia en materia de autosuficiencia energética, por su precio y efectos en toda la cadena productiva nacional y por su condición de energía comparativamente más limpia, la decisión adoptada no es inocua o indiferente, sino una que a mediano y largo plazo tiene consecuencias que requieren ser tenidas a la vista.
En lo político e institucional, en tanto, las preguntas no son menos importantes. En especial, a la luz de la forma en que a lo largo de los años se ha procedido frente a la iniciativa. Los tiempos y dilaciones no pueden interpretarse correctamente si no se considera la evidente presión de grupos de interés y de algunas comunidades, los que presumiblemente incidieron en la forma de enfrentar el tema y que algo de responsabilidad le endosan a la empresa en materia de sensibilización de la opinión pública.