Recetas del pasado

Ante los prolongados cortes de luz derivados del inusual fenómeno climático que afectó a la zona centro sur, se generaron legítimas críticas sobre la gestión de las empresas de distribución eléctrica y, en particular, de Enel. Esto escaló al punto de que el Presidente Gabriel Boric le pidió al ministro de Energía, Diego Pardow, que revisara la continuidad de la concesión de la firma de capitales italianos, lo que está contemplado en la ley. Sin embargo, el secretario de Estado fue más allá y planteó la idea de que “sería más seguro para la ciudadanía tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal”.

Más allá de los evidentes errores cometidos por Enel, la solución estatal no es adecuada ni oportuna.

Tal afirmación, que parece mirar con nostalgia los tiempos en que los servicios públicos eran propiedad del Estado y desconoce los evidentes beneficios en calidad de servicio que tuvo su traspaso a manos privadas, es a lo menos sorprendente. Más allá de los evidentes errores cometidos por Enel -cuya capacidad de respuesta operacional y comunicacional fue deficiente-, la solución estatal no es adecuada ni oportuna. El Estado difícilmente podría comprometer una mejor gestión y calidad, habida cuenta de su desempeño en numerosos otros sectores, como la salud y la educación, y de las conocidas pérdidas en empresas estatales.

Incluso, la idea que de que el Estado pudiera tener un rol coordinador no tiene asidero en una industria como la distribución eléctrica. Tratándose de monopolios naturales, con tarifa regulada, no cabe pensar en que pudiera tener cabida una mayor actuación que la existente por parte del Estado.

En cambio, donde sí debieran enfocarse los mayores esfuerzos es en una mejor fiscalización y en perfeccionar el marco regulatorio ante las aspiraciones de la ciudadanía. Hay aspectos que siguen pendientes y que atañen a todo el sistema de generación, transmisión y distribución y que tienen que ver con cómo incorporar energía más barata a la red, cómo otorgar estabilidad y seguridad al suministro de renovables para permitir una correcta integración, y mejoramientos sustantivos en capacidad y resiliencia de la transmisión y la distribución domiciliaria. Asimismo, es necesario agilizar el apoyo ante circunstancias excepcionales -como el solicitado al Ejército- y asumir la responsabilidad que compete a los municipios en la mantención y poda de árboles, cuya falencia amplificó la reciente crisis.

No se trata de defender la deficiente actuación de una empresa; sin embargo, ello no se compara con la mejor calidad que ha entregado por años el sector privado en los más diversos servicios públicos. Impulsar la innovación y la investigación en conjunto con los centros de conocimientos y las ciencias, favorecer el aporte y vínculo entre empresas, universidades, centros tecnológicos y el aparato público puede ser una mejor vía para ofrecer al país soluciones modernas y no recetas del pasado.