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Alto contrasteProyecto de ley de Sala Cuna Universal
Durante su discurso, en la promulgación de la reforma de pensiones, la ministra del Trabajo aludió a los logros del Gobierno en materia laboral. Además de los importantes cambios al sistema previsional, mencionó la Ley de 40 horas, la Ley Karin y el incremento en el salario mínimo a $ 500 mil pesos.
Dichos cambios incrementan de manera importante el costo de contratación, lo que puede tener importantes efectos en el empleo formal del país, que aún no logra el dinamismo postpandemia, que sí muestran otras economías. Solo la reforma previsional elevará, en régimen, la cotización del empleador en siete puntos porcentuales.
Con este telón de fondo, el Gobierno señaló como prioridad para lo que resta de su administración darle curso expedito a la tramitación del proyecto de ley de sala cuna universal. Es difícil oponerse a modificar una norma que a todas luces resulta una barrera para el empleo formal femenino. Más de 8 millones de mujeres están en condiciones de participar en el mercado laboral chileno, pero la mitad no puede hacerlo, en gran medida, debido a que no hay suficientes guarderías. Si solo se sumara al mercado laboral el 10% de las mujeres que no trabajan, la economía podría crecer un 4%, de acuerdo con las cifras del jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI y exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Sin embargo, a pesar del amplio consenso de avanzar en esta materia, en las últimas tres décadas ha habido cerca de tres decenas de intentos fallidos. Por ello, es acertado que el Ejecutivo busque la aprobación definitiva de la iniciativa durante su mandato.
No obstante, dado el contexto actual del alicaído mercado laboral formal, y su incierto panorama futuro, no parece del todo adecuado buscar que parte del financiamiento de la iniciativa provenga de una nueva cotización al empleador, de 0,2% de las remuneraciones. Esto profundiza el ya importante castigo a la contratación formal, lo que a su vez podría tener efectos negativos en el empleo formal femenino, contradiciendo uno de los objetivos centrales de la iniciativa.
Si bien la situación de las arcas fiscales es compleja, esto no justifica un nuevo obstáculo a la contratación formal, que además de ser la principal política social para aliviar la vulnerabilidad de los hogares, también tiene como efecto indirecto la generación de recursos públicos a través del crecimiento económico que genera. Por ello, y de tal modo de avanzar en la tan postergada y necesaria modificación al Código del Trabajo ampliando el acceso a sala cuna, resultaría prudente que el Ejecutivo revise la fuente de financiamiento de la iniciativa, y evalúe, por ejemplo, la alternativa de utilizar para ello rentas generales de la Nación, un mecanismo más solidario y en el cual no solo pagan el costo los trabajadores dependientes.
