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Alto contrasteLas autoridades de gobierno, en particular del Ministerio del Trabajo, han confirmado que se prepara una serie de reformas laborales y previsionales. Dentro de estas últimas, aparte de la creación de una comisión de expertos que propondrá cambios al sistema de pensiones, la autoridad ha dicho que espera enviar al Congreso dentro de los primeros 100 días de gobierno un proyecto de ley que propondrá la creación de una AFP de propiedad estatal.
Según han expresado las nuevas autoridades, esta iniciativa busca no sólo aumentar la relevancia que tiene el sector público en materia previsional, sino que también introducir un mayor nivel de competencia, impactar a la baja la estructura de comisiones y, muy especialmente, mejorar los niveles de cobertura del sistema.
Si bien los objetivos mencionados (competencia, costos y cobertura) son todos bien intencionados y atendibles, el método escogido para hacerlo, es decir con la creación de una AFP estatal, amenaza con introducir distorsiones y costos superiores a los beneficios buscados.
En efecto, si bien la tasa de reemplazo que en promedio concede el sistema privado de pensiones parece avalar la necesidad promover modificaciones al mismo, una conclusión como esta debiera distinguir entre problemas asociados al mercado del trabajo de imperfecciones propias del sistema, de modo de abordar correctamente la situación que se persigue corregir. En especial, cuando el principal problema identificado por las autoridades (de cobertura) ya está siendo atacado con medidas que buscan incorporar al sistema a los trabajadores independientes.
