Protocolo previsional

El Gobierno y la oposición dieron a conocer un protocolo de acuerdo para la tramitación de la reforma de pensiones, cuyo objetivo es despachar el proyecto a la Sala del Senado antes de fin de año. Además de establecer una metodología de tramitación, se concordaron nueve principios, sobre los cuales se diseñarán los contenidos de la reforma, los que provienen del diagnóstico de la mesa técnica, convocada por la Comisión de Trabajo del Senado. Esta mesa había logrado consensuar aspectos clave que debía contener la iniciativa para que, efectivamente, perfeccione el sistema de seguridad social, sin generar efectos indeseados que agraven los problemas.

La discusión técnica se realizó teniendo en cuenta el análisis del estudio de tasas de reemplazo encargado a la Superintendencia de Pensiones. Cotejar la evidencia era clave, ya que el Gobierno ingresó el proyecto en noviembre de 2022, mismo año en que se empezó a pagar la PGU, que significó un cambio radical en la situación de cerca del 90% de los jubilados.

El acuerdo entre el Gobierno y la oposición refleja la importancia de contar con evidencia técnica en las discusiones legislativas.

Los datos muestran que, post PGU, las tasas de reemplazo respecto de los ingresos imponibles de todos aquellos que han cotizado menos de 20 años son en promedio superiores a 70%, siendo este número un objetivo razonable para un sistema de seguridad social. No existirían, entonces, argumentos técnicos para seguir mejorando las pensiones de estos grupos, pues iría en contra de los incentivos a cotizar, lo cual no significa que estas personas no tengan carencias, sino que no es el sistema de pensiones el que debe resolverlas, si es que efectivamente se busca que el pilar contributivo entregue buenas jubilaciones a quienes aportan al sistema.

Tales consideraciones se mencionan en forma explícita en el protocolo de acuerdo, lo que acota los componentes de solidaridad que debería contener la reforma. La PGU ya avanzó un gran trecho en mejorar la situación de los grupos más vulnerables, lo que por otro lado limita el nivel de la misma.

En materia de organización industrial, el protocolo establece que existe consenso en la necesidad de fortalecer la competencia en precios, producto de la inercia de los afiliados frente a las significativas diferencias en las comisiones de administración. Sin embargo, es igualmente importante que el mecanismo que se elija para buscar mayor competencia evite impactos negativos en la rentabilidad de los fondos, debido a incentivos no deseados en el comportamiento de las administradoras.

El protocolo es, así, un avance y muestra la importancia de diseñar y discutir las reformas sobre la base de la evidencia. La experiencia refleja como, en el pasado, el desdén a lo que peyorativamente se llamó “tecnocracia” empobreció los resultados y la calidad de las reformas emprendidas.