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Alto contrasteTras un prolongado compás de espera por parte de los representantes del sector que han acusado un persistente estado de incertidumbre normativa, este martes el gobierno, en parte presionado por los integrantes de la Comisión de Salud del Senado, ha transparentado que el trabajo interno en torno a este tema tomará la forma de dos opciones a la presidenta de la República, consistentes en una suerte de ley corta y otra con cambios de orden más estructural al sistema.
Este reconocimiento viene a arrojar algo de luz, pero no la suficiente para comenzar a descomprimir la compleja situación en que se encuentra el subsistema privado de salud. La confluencia de esta incertidumbre normativa con el intenso y oneroso proceso de judicialización al que se han visto sometidas estas entidades, tiene al sector virtualmente paralizado y sometido a un estrés financiero que puede comprometer su operación a mediano y largo plazo.
De allí que resulte no ya conveniente, sino que derechamente urgente y necesario, que se comience a despejar incógnitas, más aún cuando las señales disponibles acrecientan la confusión.
En efecto, el amplio abanico de mensajes políticos hacia el sistema privado de salud no es un ambiente que aliente precisamente las certezas. Y, si bien, que el ministro Valdés dijera que se necesita que estas entidades “sobrevivan 10 años después” la situación actual requiere sinceramientos más elocuentes, incluso si estos parten de la base de que para el fisco representaría una dificultad no menor y de alta complejidad financiera el que las Isapres entren “en un problema en unos años”, como insinuó el propio ministro de Hacienda.
