Consabido es que el debate de la reforma tributaria se ha enrarecido. Su tramitación en la Cámara, en extremo rápida para un proyecto de esta relevancia, no fue obstáculo sin embargo para que diversos actores, más allá del mundo político, aparecieran tanto en esa como en otras instancias, con fuerza, planteando sus legítimas inquietudes.
Estas preocupaciones versan sobre contenidos de fondo de la reforma y sobre sus efectos y, como tales, no deben ser desatendidas so pretexto de que son planteamientos meramente sectoriales. Por cierto, el “video promocional” del gobierno volvió a polarizar la discusión con el uso de una herramienta que resulta, además, altamente cuestionable bajo el marco jurídico vigente respecto del uso de recursos públicos por parte del gobierno. Así, se generaron más preocupaciones y mayor presión para que se abran reales espacios para reformar la iniciativa.
El Senado tiene una gran responsabilidad en la etapa que viene y debe asumirla. La próxima semana la Cámara de Diputados cerrará el primer trámite de la reforma, aprobándola más que probablemente dadas las mayorías imperantes. La ciudadanía confía y espera que el debate en la Cámara Alta sea más razonado, pausado e informado.
El gobierno tiene, asimismo, la oportunidad de jugar un rol distinto que el que ha desplegado a la fecha, contribuyendo a morigerar el tono el debate. Junto con presentar la evidencia y estudios -hoy ausentes- que respalden sus afirmaciones sobre los efectos de la reforma, debe estar disponible verdaderamente (por respeto al Senado y a los ciudadanos) a revisar y modificar la propuesta, incluso en sus puntos centrales, si los legisladores llegan al convencimiento de que tal y como está planteada producirá consecuencias negativas.