Nueva ola de inversiones mineras
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Buenas señales en torno a una eventual reactivación de las inversiones y de los grandes proyectos asoman desde la minería. Este año, solo el portafolio en proyectos de cobre superaría los US$ 84 mil millones, cifra que representa más del 50% del total de inversiones del sector en Latinoamérica, de acuerdo con un reciente informe de Plusmining, a lo que se suman estimaciones por más de US$ 65 mil millones en grandes iniciativas, hacia 2032, según Cochilco.
Sin embargo, la efectiva concreción de este nuevo ciclo, que camina en línea contraria al “pesimismo ideológico de los grandes empresarios” que advirtió el Presidente Boric, requiere resolver trabas institucionales que lo acompañen, entre las cuales es clave la agilización de permisos.
La certeza jurídica y la eliminación de barreras innecesarias son aspectos cruciales para transformar las proyecciones en realidades.
Entre los proyectos que reflejan el potencial de esta nueva ola, destacan la inversión por US$ 13.700 millones anunciada por BHP; las iniciativas por más de US$ 7.500 millones que llevará adelante Antofagasta Minerals en los próximos tres años; y los planes de expansión de El Abra por US$ 7.500 millones. Junto a ello, en el ámbito del hidrógeno verde, hace pocos días ingresó a evaluación ambiental el proyecto más grande de América Latina por US$ 11 mil millones, de HNH Energy, y se conoció la aprobación ambiental de la iniciativa de GNL Quintero, por US$ 30 millones, lo que refleja el atractivo de Chile para el desarrollo de industrias clave en la transición energética global.
Todos estos anuncios señalan las serias intenciones de la industria de seguir invirtiendo y aportando al desarrollo del país, pero, como advirtió a DF el head of consulting de Plusmining, Matías Marañon, “si dicha inversión se materializará, dependerá también de otros factores”.
La certeza jurídica y la eliminación de barreras innecesarias son aspectos cruciales para transformar las proyecciones en realidades. Esto no implica una relajación de los estándares regulatorios, sino un enfoque basado en criterios técnicos, plazos razonables y procedimientos eficientes. El historial reciente ha mostrado cómo la excesiva burocracia y los retrasos en procesos ambientales y sectoriales han erosionado la confianza de inversionistas que han preferido jurisdicciones más ágiles y que acompañan al sector privado en el cumplimiento de los estándares requeridos. Buena parte del éxito de esta sociedad entre públicos y privados pasa porque no haya arbitrariedades en los procesos de autorización.
El desafío es alinear las capacidades hacia objetivos comunes, eliminando obstáculos que, lejos de proteger el interés nacional, desincentivan el desarrollo. Este nuevo ciclo de inversiones puede ser una prueba de la capacidad del país para gestionar su futuro con inteligencia estratégica y visión de largo plazo.
