Meritocracia y prescindencia política

El nombramiento de Javier Etcheberry en el SII y su anuncio de que postulará formalmente al cargo a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) ha sido bien recibido por distintos actores del mundo público y privado. Esto, principalmente, por las credenciales técnicas del economista que fue el artífice -desde 1990 hasta 2002- de la reducción de las cifras de evasión y elusión tributaria cuando ocupó por primera vez dicha posición.

De acuerdo con cifras del Servicio Civil, hasta la primera semana de julio de este año, son 1.008 los cargos que cuentan con una jefatura provista por ADP -un 70% del total-, cifra que es muy similar a las que exhibían en su tercer año los Gobiernos de Michelle Bachelet (64%, en 2016) y Sebastián Piñera (70%, en 2020). Dada la naturaleza del sistema, cuyo objetivo es dotar al Estado de directivos con probadas habilidades de gestión, liderazgo y capacidad técnica mediante concursos públicos y transparentes, se producen vacantes y rotaciones una vez que se van venciendo los plazos de ejercicio de las respectivas jefaturas -3 años- lo que explicaría ese 30% sin nombramiento definitivo.

Es necesario que el Gobierno dé pronto curso a designaciones que no ha resuelto, bajo estrictos criterios de profesionalismo y prescindencia partidaria.

Sin embargo, hay otros puestos en el Estado que aún no han sido provistos por la autoridad, como el de Contralor General de la República -que hoy cumple siete meses bajo subrogancia- o de integrantes de los Tribunales Ambientales, lo que refleja un problema que ha estado aquejando a la actual administración y que tiene que ver con la falta de experiencia y, en algunos casos, seniority necesario para ejercer altas responsabilidades.

Organismos internacionales han empujado desde hace ya tiempo a los Estados a adoptar estrictas políticas de designación de funcionarios públicos, sobre la base de criterios de transparencia, meritocracia y prescindencia de factores políticos o personales. El Banco Mundial en un su informe Governance and the Law señaló que la transparencia y la meritocracia en el nombramiento de autoridades tiene un impacto directo en la gobernanza y el desarrollo económico. Sus recomendaciones apuntan a que la selección se base en méritos y no en filiación política, que haya máxima transparencia en los procesos, y que, una vez nombrados, los funcionarios tengan independencia para ejercer el cargo. Estos criterios pueden generar un notorio impacto en la reducción de faltas a la probidad y en la eficiencia del Estado, pues dejan a las políticas públicas bajo criterios técnicos y no a órdenes de partido.

Así, es relevante no solo que la ADP opere apegada a los criterios de profesionalismo y prescindencia partidaria, sino que el Gobierno dé pronto curso a designaciones relevantes que no ha resuelto, pues podría darse la errónea señal de que se espera que surjan personeros afines que cubran esos espacios, lo que justamente va en contra del espíritu del mecanismo que ha sido un avance modernizador del Estado en lo que va de su existencia.