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Alto contrasteLo más urgente
Carolina Calleja, profesora, y Rodrigo González, dirigente del rodeo, fueron brutalmente asesinados a tiros en su domicilio en Graneros, la semana pasada. Vecinos relataron haber escuchado múltiples disparos en la madrugada, en un episodio que reaviva la preocupación por la escalada de violencia delictual, que ha tenido un recrudecimiento en los últimos años. Más allá de las estadísticas, prima la percepción de que el crimen organizado opera con mayor ferocidad, de la mano de fenómenos que no se conocían en el país, como el sicariato y los secuestros.
El asesinato produjo la reacción de los gremios empresariales, que condenaron la ola de criminalidad como una amenaza directa a la seguridad pública y la estabilidad que requiere la nación para crecer y prosperar. La Sociedad Nacional de Agricultura advirtió que el campo chileno “es tierra de nadie”, mientras que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), en una dura declaración, exigió al Gobierno adoptar medidas más eficaces contra estos grupos. “Chile está perdiendo la batalla contra la inseguridad. La delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico cobran cada vez más vidas humanas y toman espacios donde el Estado prácticamente no tiene presencia”, sentenció la CPC. Este duro análisis tiene que ver con que, en efecto, muchas localidades viven con miedo y que las personas han dejado de lado actividades cotidianas: la inseguridad obliga a cambiar hábitos.
El argumento de los empresarios es nítido y apunta a que el recrudecimiento de la violencia y la actividad de bandas delictuales, que se ha tomado barrios, comunas y ciudades, está afectando la actividad económica, arriesgando nuevas inversiones, empleos y proyectos que son esenciales para el crecimiento del país.
Pero la respuesta del mundo político dista en oportunidad y profundidad respecto de lo que la ciudadanía y la economía demandan. Hasta ahora, el debate ha transcurrido hacia derroteros efectistas sin que se pueda abordar de manera seria las causalidades de este fenómeno y la búsqueda de soluciones basadas en evidencia y en buenas prácticas para combatir a criminales que han demostrado no respetar ninguna ley.
Es impostergable discutir la eficiencia del gasto público y de cómo mejores niveles de gestión en este ámbito redundarían en mayor disponibilidad de recursos para labores de control, inteligencia policial y financiera, programas sociales, educación, reinserción y prevención de la criminalidad.
Si la clase política persiste en tratar la delincuencia como un campo de batalla electoral en vez de una prioridad nacional, la lucha estará perdida de antemano. No basta declarar que este desafío debe enfrentarse, sino que se requiere poner los recursos donde está el discurso. No puede haber un combate al crimen organizado si hay malos manejos de las arcas fiscales, si hay laxitud con el control fronterizo, si hay poca nitidez en el apoyo a la labor de las policías, así como si hay tentaciones de caer en eslóganes populistas.
Chile necesita de manera urgente ponerse de acuerdo en el control del crimen organizado y en esta tarea nadie puede quedar indiferente o minimizar los efectos que estos hechos están teniendo sobre la sociedad, las nuevas generaciones y la oportunidad de crecer. No hay otro tema más urgente hoy.
