Legislación excesiva

Más de siete años de tramitación parecen más que suficientes para contar con una legislación moderna en materia de protección de datos personales, asunto de crucial importancia en una sociedad y una economía absolutamente abiertas, globalizadas e interconectadas a redes que facilitan la vida de las personas y su acceso a los beneficios de la convivencia en sociedad. El proyecto de ley que crea la Agencia de Protección de Datos y que regula la protección de la información personal, cuenta con un amplio consenso entre la industria y expertos, y está ad portas de votarse en el Congreso, luego de pasar por comisión mixta. Sin embargo, en este último trámite antes de despacharse a las respetivas Salas, se introdujeron modificaciones que siembran dudas sobre potenciales efectos indeseados.

Las multas incorporadas en el proyecto sobre datos personales resultan desproporcionadas y hacen necesaria una segunda mirada.

Los congresistas subieron el tope de multas en infracciones leves desde UTM 100 (unos $ 6,6 millones) a UTM 5.000 ($ 330 millones), sin que se tenga claro el impacto en un país cuyas empresas están sujetas a una serie de presiones de competitividad que les impiden un crecimiento holgado. Se introduce, además, la figura de la reincidencia de infracciones graves y gravísimas, en las que la multa podría llegar a las UTM 10.000 o UTM 20.000, o bien al 2% o 4% de los ingresos de la compañía, materia que no estaba en la idea original de la iniciativa.

Se ha afirmado que el proyecto, tal y como está, responde al estándar de la Unión Europea, lo que en rigor no guarda punto de comparación con Chile en materia de trayectoria en regulación sobre esta industria, rentabilidad de las empresas, tamaños de mercado y realidades culturales y económicas.

Gremios como la Sofofa, ACTI y otros han señalado que si bien es razonable establecer multas disuasivas, las que se fijaron en el último trámite constitucional son “excesivas” y, en lugar de alentar mejores prácticas, provocarán “paralización”.

La transmisión y uso de datos es hoy un elemento esencial para la operación de cualquier sistema económico, de seguridad, político o social, por lo que no parece razonable imponer medidas que resulten poco realistas o que puedan provocar daños mayores que aquellos que se busca corregir.

La solución que se impuso en la comisión mixta hace pensar en si el legislador estuvo movido por un afán genuino de protección de los datos personales o por agendas políticas o ideológicas respecto del rol de las empresas en el tratamiento de información personal. Este tipo de legislaciones podría terminar dañando seriamente la viabilidad económica de empresas de todo tamaño, por lo que moderar sanciones parece lo más sensato, puesto que lo que se requiere es un cambio cultural y no generar desincentivos al mejoramiento en las prácticas empresariales e institucionales.