La raíz de los problemas

El mismo informe da cuenta de gastos del Gobierno por $ 76.195 millones, lo que implica un déficit efectivo de $ 6.059.421 millones, equivalente a 2% del PIB proyectado para este año. Estos datos están a plena vista del Congreso en la tramitación de presupuesto nacional 2025 y han abierto una serie de dudas e inquietudes sobre los cálculos de Hacienda y La Moneda respecto del rendimiento de las arcas fiscales y cómo se está llevando a cabo la ejecución presupuestaria vigente.

A agosto, los ingresos fiscales anotaban US$ 2.493 millones menos que el total alcanzado en igual período de 2023. ¿Otra impericia?

DF consignó esta inquietud al dar a conocer los cuestionamientos de los que fue objeto el pasado jueves la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, a quien se le hizo ver que la recaudación total entre enero y agosto de 2024 cayó un 4,4% respecto del mismo período del año pasado. Es decir, mientras Hacienda se trazó una meta de expansión de un 5,3% para el período, ocurrió todo lo contrario.

La pregunta es evidente: ¿cómo se espera cubrir el gasto comprometido con ingresos deficientemente proyectados? De acuerdo con un informe de la exjefa de Administración Presupuestaria de la Dipres, Margarita Vial, los ingresos públicos debieran incrementarse en promedio 25,6% en lo que resta de ejercicio fiscal para cumplir la meta de Hacienda, lo que parece una tarea colosal, por decirlo de manera cauta.

Los números son fríos: los ingresos fiscales al mes de agosto llegaban a los US$ 47.767 millones, esto es US$ 2.493 millones menos que el total alcanzado en igual período de 2023. ¿Se trata de otra impericia de la actual administración, ahora en las arcas fiscales y el desempeño económico? En la práctica, el Gobierno requiere US$ 6.137 millones en ingresos para totalizar la meta 2024 y es natural preguntarse de dónde se obtendrán y si el ritmo de ejecución del Estado y los gobiernos regionales será suficiente para que se logre tal objetivo y sin faltas a la probidad en el camino.

Evidentemente, esos mayores ingresos no provendrán de grandes proyectos de inversión y desarrollo cancelados por funcionarios catalogados como “anti-empresas” ni de iniciativas estratégicas que buscan jurisdicciones con mayores certezas jurídicas. El debate del presupuesto 2025 puede ser el escenario no solo para sincerar el manejo macroeconómico del Ejecutivo y emprender correcciones a la ley del erario público, sino también para reconsiderar el enfoque de desarrollo que se propone al país, el cual parce ser la raíz de todos los problemas.