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Alto contrasteLa delincuencia como riesgo país
“Los derechos sociales no sirven si las personas están expuestas a la delincuencia; si alguien quiere que la democracia se fortalezca, debe tener seguridad para sus ciudadanos”, dijo la semana pasada el subsecretario del Interior en un seminario organizado por la Cámara Nacional de Comercio. En el mismo evento, el presidente de la CPC puntualizó que “sin seguridad no hay inversión y sin inversión no hay creación de puestos de trabajo, la seguridad es el factor habilitante para el crecimiento”.
Esas dos frases encapsulan el desafío que representa para el país la explosiva alza de la delincuencia -y de la violencia en los delitos- en años recientes. Un fenómeno donde resulta imposible no ver una correlación -aunque no una causalidad- con el hoy ya muy desprestigiado “octubrismo”, que llamó a justificar la violencia como expresión inevitable de injusticias sociales de larga data, y que buscó poner en entredicho la legitimidad de las instituciones del Estado para enfrentarla, en especial de Carabineros.
Desde luego, las fallas del Estado en este ámbito anteceden con mucho al 18-O en persecución penal, política carcelaria, recursos policiales, control migratorio, preocupación legislativa, etc. La responsabilidad política por ello cruza varios gobiernos.
La gravedad del problema se está finalmente reflejando en la prioridad que el Gobierno y el Congreso le están dando al acuerdo en torno a una agenda de 31 proyectos de ley en materia de seguridad. No todos ellos son acertados -como crear un Ministerio de la Seguridad Pública, por ejemplo-, pero al menos expresan un bienvenido (si bien tardío) sentido de urgencia.
Lo mismo hace el plan “Calles sin violencia” del Gobierno, que busca intervenir en distintos niveles a 46 comunas (el 13% del total), otro reflejo de la magnitud del problema. Administraciones .teriores han hecho anuncios similares ante crisis coyunturales de gran visibilidad pública, por lo que la efectividad de éste habrá de medirse en resultados.
"El costo humano y económico del delito es hoy una amenaza tanto para la democracia como para el desarrollo"
El costo humano y económico del delito -hasta un 3% del PIB, sugiere un reciente estudio- es hoy una amenaza tanto para la democracia como para el desarrollo, que necesariamente van de la mano. La capacidad del Estado y del Gobierno para hacerle frente serán puestas a prueba en los próximos meses.
