El fallo del Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos que obliga a Minera Los Pelambres, del grupo Luksic, a demoler la pared del tranque de relaves El Mauro ha ocasionado preocupación en el sector privado y las autoridades, tanto por las implicancias medioambientales de aplicar la resolución como por el precedente que puede marcar el que una operación en marcha y con sus permisos al día sea cuestionada judicialmente.
Dirigentes del empresariado criticaron la decisión del juez y cuestionaron sobre todo que deteriore la institucionalidad ambiental, al restarle validez y resguardo a los permisos que otorga para el desarrollo y funcionamiento de los proyectos.
En su resolución, el juez de Los Vilos ordenó la demolición del tranque porque consideró insuficiente el plan presentado por la compañía para cumplir con un fallo anterior de la Corte Suprema en orden a evitar la contaminación de las aguas que por el estero el Pupío llegan a Caimanes.
Minera Los Pelambres, en el recurso que presentó ayer ante la Corte de Apelaciones de La Serena, subraya que el fallo ignora que la alternativa propuesta por la empresa es la que mejor cumple con la exigencia de que el agua no entre en contacto con el relave depositado en el tranque, al tiempo que insiste en que la demolición del muro "es física y jurídicamente imposible".
Una eventual ejecución de la orden del juez no podría materializarse en forma inmediata, pues cualquier modificación al tranque requiere una evaluación de impacto ambiental, como explicó el ministro sectorial en nuestras páginas. Ello implica, al menos, preparar un proyecto y recoger, según exige la ley, la opinión de organismos especializados.