Instituciones para la libre competencia

Los actos de colusión generan un justificado repudio de la ciudadanía, pues transgreden la confianza que da legitimidad a una economía de mercado. De allí la importancia de contar con un entorno que facilite la creación de nuevas empresas, que disminuya las trabas y la burocracia para que nuevas firmas puedan desafiar a los incumbentes en las distintas industrias, y de disponer de con una profunda apertura al comercio internacional que introduzca mayor competencia. Sin embargo, hay situaciones en que, pese a lo anterior, algunos actores incurren en prácticas anticompetitivas que afectan a los consumidores. En el caso de los casinos, recientemente conocido, si se comprueba la infracción denunciada, el principal perjudicado habría sido el Fisco, por haber recibido ofertas más bajas en la licitación para renovar las licencias de operación en distintas zonas del país.

En el contexto del preocupante deterioro público de las instituciones en Chile es recomendable fortalecer a la FNE y al TDLC.

Es por ello que, además de las condiciones de contar con un ambiente competitivo, son necesarias instituciones que fiscalicen y promuevan la libre competencia. En Chile, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), organismos encargados de cumplir ese rol, cuentan con un desempeño ampliamente satisfactorio desde su creación, transversalmente reconocido. ¿Cómo se explica esto? Porque se trata de instituciones que gozan de autonomía, son altamente profesionales, están encabezadas por personas que no buscan lucimiento personal y se han enfocado en cumplir celosamente con las tareas que tienen a su cargo, sin ceder a presiones de uno u otro lado.

En el contexto del preocupante deterioro público de las principales instituciones en Chile, sería recomendable fortalecer a la FNE y al TDLC, de manera que la ciudadanía los vea como organismos garantes efectivos de la libre competencia. Ello pasa por dotarlos de los recursos requeridos para profundizar su labor. A pesar de no haber reparos a la forma como realizan sus tareas -o tal vez precisamente por eso-, en las discusiones presupuestarias suelen estar en segundo plano. En el caso particular del TDLC, hay un importante tema por resolver en cuanto al desalineamiento que se observa entre los fallos que emite y las posteriores revocaciones que provienen de la Corte Suprema. Esta situación provoca incertidumbre y deslegitima el actuar del TDLC. A fin de cuentas, esta dualidad genera incerteza jurídica, lo que es altamente inconveniente para fortalecer el desarrollo del los mercados.