Informalidad

En el trimestre julio-septiembre, el desempleo en Chile completó 20 meses en tasas sobre el 8%. De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la desocupación alcanzó a 8,7% en 12 meses y aunque se registró una leve baja de 0,2 punto porcentual, esta se explicaría esencialmente porque el alza en la fuerza de trabajo (2,2%) fue menor a la de las personas ocupadas (2,4%). En el mismo lapso, la tasa de ocupación informal subió a 27% y la creación de nuevos puestos de trabajo cayó 4,2% anual, su quinta baja consecutiva. Las cifras reflejan que el rezago en materia laboral es significativo, no solo porque el desempleo está por sobre los promedios históricos, sino principalmente porque la tasa de ocupación laboral está bastante por debajo del promedio de la OCDE.

Aceptar que existe una emergencia laboral es un paso necesario para avanzar en iniciativas que impulsen la creación de nuevos empleos formales.

El informe del INE evidencia que de los 220 mil empleos que se crearon en el período, 133 mil fueron formales y 87 mil informales, esto es cerca del 40% del total anual. A ello se suman deficiencias en la calidad del empleo que se está generando, pues gran parte de las nuevas plazas corresponde a subempleo, incluyendo a ocupados con educación superior completa que trabajan en puesto de mediana o baja calificación, todo lo cual revela que junto a la informalidad existen amplios sesgos de precariedad laboral.

De acuerdo con diversos expertos, las estadísticas muestran que la creación de empleo anual sigue perdiendo impulso en comparación con trimestres anteriores. Como resultado, la brecha de ocupación respecto a los niveles prepandemia se ha elevado a 170%, pues si en abril se requerían 175 mil nuevos empleos para cerrarla, hoy son necesarios 471 mil, según las proyecciones de Clapes.

Aceptar que existe una emergencia laboral, como lo han planteado diversos analistas, es un paso necesario para avanzar en iniciativas que promuevan la creación de nuevos empleos formales. Sin embargo, hasta ahora, la agenda del Gobierno en esta materia ha apuntado hacia políticas que elevan los costos y que impactan, particularmente, en los grupos más vulnerables.

Así, inquieta la incapacidad de la actual administración no solo para generar nuevos puestos de trabajo estables y de calidad, sino para frenar el avance del trabajo no formalizado, que además de su precariedad en materia de previsión y acceso a la salud, conlleva implícitamente importantes mermas para las arcas públicas, puesto que en estos casos no hay opción alguna de recaudación fiscal por actividades económicas que se emprenden al margen de la legalidad.

Los temas referidos a la precariedad resultan particularmente disonantes en un Gobierno que ha hecho de los derechos laborales y sociales parte esencial de su discurso político y su promesa programática. ¿Qué explicación pueden construirse los chilenos cuando ven que un Gobierno impulsa reformas como la previsional en un mercado laboral donde lo que más crece es la informalidad? Tal vez en ello resida parte de las razones que explican el retroceso electoral del oficialismo en el reciente proceso eleccionario.