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Alto contrasteEn su cuenta anual del pasado 21 de mayo, la presidenta de la República consignó como única medida concreta en el ámbito previsional la decisión de reimpulsar el trámite legislativo del proyecto de ley que crea una AFP estatal y que desde hace casi dos años descansa en el Congreso. El anuncio, que fue acompañado por una breve referencia al informe de la llamada Comisión Bravo, que pasará a ser una suerte de “hoja de ruta” a tener a la vista los próximos dos años, produjo desazón entre expertos y cercanos al mundo de las pensiones, quienes estimaron que la autoridad optó por no hacerse cargo de los desafíos relevantes que tiene a la vista el sistema de pensiones y respecto de los cuales hay amplios y compartidos diagnósticos.
Por de pronto, la decisión de reactivar la tramitación de la AFP estatal parece más una señal política encaminada a congeniar con el sentir que recogen las encuestas, en lugar de hacerse cargo de los retos demográficos y del mercado del trabajo que ponen presión en este ámbito.
En efecto, una AFP de propiedad estatal difícilmente podrá tener impactos en materia de los costos, rendimiento de inversiones y niveles de cobertura que se observan en el actual mapa competitivo del sector. Ya sea porque las licitaciones de carteras de nuevos afiliados han llevado las comisiones a niveles históricamente bajos, o porque el manejo de las inversiones se ciñe por un marco claramente definido para los distintos perfiles de riesgo o porque las tecnologías y la situación de hecho del mercado no acusa problemas de cobertura, todo indica que este esfuerzo del Estado redundará en uno estéril y oneroso para los contribuyentes.
