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Alto contrasteImprovisación, falta de transparencia y discriminación han sido la tónica de la discusión en torno al Presupuesto 2016 en materia de Educación Superior. El gobierno, buscando cumplir –aunque sea parcialmente- una de sus promesas de campaña, introdujo una nueva asignación para financiar la gratuidad en un grupo reducido de instituciones de Educación Superior a partir del próximo año. Y, de paso, obvió casi completamente la necesaria discusión parlamentaria de una política pública que determinará en gran medida el rostro de las universidades chilenas.
El proyecto de ley de presupuesto original introducía una nueva asignación de casi US$ 800 millones para financiar el acceso gratuito a educación superior, de los cuales
US$ 250 millones eran recursos frescos, mientras que el resto provenía de la disminución de becas y créditos del Fondo Solidario. Dichos recursos se entregarían en función del número de alumnos pertenecientes a los 5 primeros deciles y de un arancel regulado fijado por Mineduc. En caso que el arancel regulado fuese inferior al arancel real cobrado, se financiaría hasta un 20% más por sobre el arancel regulado.
Las instituciones beneficiadas, sin embargo, fueron elegidas discrecionalmente por el gobierno, favoreciendo a apenas 37,7% de los estudiantes pertenecientes al 50% de menores ingresos que asiste a educación superior. Esto imposibilitó el apoyo oficialista en la subcomisión, haciendo necesario que el gobierno introdujera indicaciones de cara a su paso por la comisión mixta que buscaron aumentar y reasignar recursos haciendo frente a las criticas, pero que realmente dejan de manifiesto que el objetivo no parecen ser los estudiantes que requieren mayor apoyo económico.
