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Alto contrasteLa presidenta Michelle Bachelet y el canciller Heraldo Muñoz han reaccionado acertadamente y con firmeza frente al intento del mandatario boliviano, Evo Morales, de abrir un nuevo frente de demanda limítrofe con Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, esta vez por las aguas del río Silala.
En caso de que el gobierno de La Paz -que ya recurrió a la CIJ para intentar que Chile negocie una salida soberana al mar, por cierto categóricamente rechazada por Santiago en virtud del Tratado de 1904 vigente- materialice su anunciada nueva demanda por las aguas del Silala, Bachelet ha reafirmado que Chile va a contrademandar “para resguardar nuestros derechos”, claramente reconocidos por el principio de que todo Estado ribereño de un curso de agua internacional, tiene derecho a utilizarlo para el beneficio de sus comunidades. Del mismo modo, Muñoz ha expresado que las últimas declaraciones de Morales son muestra de “una política de hostilidad hacia Chile”, que atribuyó probablemente por la desesperanza que sienten respecto a la demanda marítima. Se trata así de una posición firme del gobierno compartida transversalmente y donde prima una clara política de Estado.
