La ministra del Trabajo, comentando la iniciativa del anterior gobierno tendiente a conformar una comisión técnica para la definición del reajuste del salario mínimo, dijo no estar de acuerdo con ese mecanismo, añadiendo que en el debate de este tipo de temas a las nuevas autoridades les interesa mucho el diálogo con los actores involucrados, donde incluyó a trabajadores y empleadores. Si bien de sus palabras no se infiere necesariamente que no se utilizará en el reajuste del salario mínimo la opinión técnica de los expertos, claramente las nuevas autoridades asignan un rol relevante en este debate a los beneficiarios.
Siendo un punto legítimo el que sostiene la ministra desde un ángulo político, la evidencia confirma que la fijación de este precio de la economía no sólo no debe dejar de lado, sino que también asignarle una alta ponderación a los aspectos técnicos, especialmente los relativos a la productividad del trabajo, al ciclo de la economía y al momento en que se encuentra el mercado laboral. Lo anterior no con el afán de supeditar las otras consideraciones a aspectos técnicos, sino que con el fin de poner en perspectiva las consecuencias que sobre los propios beneficiarios podría tener una decisión que descuide las evaluaciones técnicas.
En el pasado, a fines de los años 90, fue evidente que la decisión de comprometer un reajuste del salario mínimo trianual a tasas de dos dígitos por año terminó perjudicando a miles de trabajadores al acoplarse la decisión con los efectos de la crisis asiática. Los niveles de desempleo se elevaron y después tardó mucho reducirlos porque el mercado usó esta variable para ajustarse a las condiciones económicas.