Esta semana se han dado a conocer los resultados del Informe de Competitividad Mundial 2014, en los que nuestro país retrocede un lugar para situarse en el puesto 31 del ranking que mide a 60 economías. Se trata del tercer descenso consecutivo de Chile en el listado a su nivel más bajo en 15 años -por cierto lejos de la ubicación 19 que alcanzó en 2005-, y entre las razones que menciona el informe se destacan las caídas en los factores de desempeño económico y eficiencia del gobierno, aunque se mantiene como factor crítico la infraestructura.
Al observar la medición sobre la eficiencia de gobierno, esto es el grado en que las políticas de la autoridad favorecen la competitividad, se verifica que sufrió deterioros en cuatro de sus cinco componentes: finanzas públicas, política fiscal, estructura social y marco institucional, con la única mejoría en la variable referida a marco para los negocios.
Coincidentemente, el ranking fue dado a conocer el mismo día en que la presidenta de la República anunció en su primera cuenta pública ante el Congreso pleno un programa con una serie de medidas que fortalecen el papel del Estado en una amplia gama de actividades de la vida nacional, lo que llama a reflexionar sobre cómo, desde el punto de vista de la competitividad, efectivamente se puede garantizar la necesaria eficiencia en las respuestas que se han planteado para el amplio abanico en distintos frentes productivos. O si, por el contrario, no sería más deseable un potente aliento y empuje para que la iniciativa privada alcance los mismos logros y consolide su aporte en el camino del país hacia el desarrollo, tal y como lo ha demostrado en las últimas cuatro décadas.