En medio de un persistente deterioro en las perspectivas de crecimiento económico en Brasil, que nuevamente acaban de ser recortadas en los pronósticos de analistas, el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff ha anunciado el congelamiento de gasto presupuestado para este año por una cifra equivalente a unos US$ 4.480 millones, con un objetivo claro: impulsar la confianza de los inversionistas y el mercado en el compromiso de la autoridad con la austeridad fiscal.
Y es que tras las masivas protestas que se desataron recientemente en las principales ciudades del gigante sudamericano -que también han desplomado la popularidad de la mandataria-, Rousseff enfrenta fuertes presiones de gastos entre demandas de mayores inversiones para mejorar los servicios públicos, incluyendo educación y salud. Además, ello ocurre en la recta para las elecciones presidenciales del próximo año y con un aumento de la inflación.
Con todo, la presidenta ha reiterado su apego a la disciplina fiscal y su ministro de Hacienda, Guido Mantega, ha reiterado que se cumplirá con la meta prevista para 2013 de un superávit primario equivalente a 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB) de la mayor economía latinoamericana.