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Alto contrastePareciera existir la creencia popular de que, una vez que un Proyecto ha obtenido su permiso ambiental (RCA), y en la medida que no haya pretensiones sociales o indígenas, no habrá problemas para comenzar a operar en el corto plazo, descartando al periodo de construcción como una etapa compleja, larga, o de incertidumbre jurídica. Afirmar esto es un serio error: los largos tiempos de tramitación de permisos simples; la profusa regulación existente sobre casi cualquier aspecto del Proyecto evaluado; el usual contenido político de las autorizaciones de sus obras e instalaciones principales, y la incomprendida imposibilidad de que dicho proyecto se construya de manera idéntica a la que se evaluó, son los principales factores responsables de la extensión indefinida, y por tanto cara y riesgosa, del periodo de construcción de una inversión en Chile.
Respetando la enorme variedad de proyectos, las estimaciones más comunes indican que antes de comenzar cualquier actividad de construcción, un proyecto ingresado como Estudio de Impacto Ambiental (EIA) requerirá de la aprobación de entre 10 y 20 permisos, como mínimo.
A continuación, la experiencia sugiere que para avanzar en la construcción de las obras e instalaciones principales del Proyecto, y suponiendo que no hay cambio alguno en la ingeniería aprobada en el EIA, será necesario tramitar entre 300 y hasta 1.500 permisos, según la extensión y la complejidad del Proyecto.
Luego, debieran agregarse entre 30 y 100 autorizaciones adicionales que el titular de un proyecto requiere normalmente a sus contratistas, para actividades tan diversas como el retiro de baños químicos, el transporte de pasajeros o el manejo de explosivos, si ello fuera necesario.
En paralelo, y sin un procedimiento definido, el mismo inversionista debiera considerar la necesidad de ejecutar al menos 100 compromisos ambientales, que exigirán desde informes visados por la autoridad, hasta la construcción autorizada de instalaciones u obras de todo tipo.
Si a este universo de permisos, agregamos los procesos de negociación de servidumbres o concesiones, y al menos un par de consultas a la autoridad para confirmar que lo que se construye no es distinto de lo que se evaluó –conocidas como consultas de pertinencia-, será imposible seguir considerando a la construcción, como el momento para dar por asegurado el retorno a la inversión realizada, como de hecho debiera serlo.
