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MineríaEl proyecto minero Dominga ha estado al centro de una controversia jurídica y política que se ha extendido por más de una década, reflejando las falencias del sistema de evaluación ambiental en Chile. La reciente decisión del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que ordenó el cumplimiento forzado de su fallo anterior, confirma la existencia de un problema mayor: la falta de certeza en la toma de decisiones.
“La institucionalidad ambiental se ha convertido en un laberinto donde decisiones que deberían resolverse en plazos razonables se extienden por años”.
Conforme a la sentencia de diciembre de 2024, el Comité de Ministros debía emitir una nueva resolución sobre el proyecto. Sin embargo, el Comité no solo excedió el plazo, sino que también incorporó nuevos argumentos para rechazar el proyecto, lo que el Tribunal consideró una vulneración a la seguridad jurídica. En consecuencia, en un nuevo fallo, dejó sin efecto la resolución y ordenó su cumplimiento estricto, sin reinterpretaciones.
Este nuevo fallo, aunque de naturaleza procesal, evidencia cómo los mecanismos administrativos y judiciales pueden prolongar indefinidamente la tramitación de proyectos de inversión. Lejos de aportar certezas, la institucionalidad ambiental se ha convertido en un laberinto donde decisiones que deberían resolverse en plazos razonables se extienden por años.
El caso Dominga es un ejemplo de cómo la judicialización excesiva afecta la inversión y la política pública. Distintos actores han utilizado recursos legales no solo para garantizar el cumplimiento normativo, sino también para bloquear proyectos. La propia Greenpeace Chile ha señalado que cuenta con financiamiento suficiente para judicializar proyectos y extender su tramitación en hasta 1.500 días adicionales. En este caso, la controversia ha significado más de una década de indefinición.
Más preocupante aún es la discrecionalidad en la toma de decisiones. El Tribunal Ambiental ha dejado claro que el Comité de Ministros no puede reinterpretar fallos judiciales ni reabrir cuestiones ya resueltas. La evaluación ambiental debe ser un proceso técnico y regulado, no sujeto a los cambios políticos de cada Gobierno.
El problema de fondo no es si Dominga debe ejecutarse, sino cómo el país maneja sus evaluaciones ambientales. La judicialización y la interferencia política no fortalecen la protección del medioambiente ni mejoran la calidad de los proyectos; generan incertidumbre, desincentivan la inversión y debilitan la institucionalidad.
Si Chile busca un desarrollo sostenible, debe establecer un marco regulatorio que equilibre protección ambiental y seguridad jurídica. Sin embargo, ninguna normativa logrará ese propósito si las autoridades exceden el ámbito de su discrecionalidad y desatienden la necesidad de reglas claras. Sin certezas en la aplicación de la ley, el país seguirá atrapado en decisiones contradictorias, sin un rumbo definido para el medioambiente ni la inversión.
