Cuestionada gestión en salud
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La ciudadanía tiene buenas razones para estar francamente preocupada por la forma en que las instituciones del Estado están enfrentando sus problemas en materia de salud.
Por una parte, en un nivel sistémico, las contradictorias declaraciones de la Corte Suprema a propósito de las isapres y el polémico fallo sobre la tabla de factores de riesgo, sumadas al enfoque decididamente estatista del Gobierno en sus planes de reforma a la salud, implican el doble riesgo -como han hecho ver numerosos expertos- de poner en jaque la viabilidad del sistema privado de atención y de llevar al inevitable colapso de un sistema de atención pública que ya está largamente sobrepasado.
La gestión hospitalaria debe ser hoy la primera prioridad del Gobierno para enfrentar el predecible, pero letal, brote invernal.
Por otro lado, la actual crisis generada por el brote de virus sincicial -con su dramático saldo de menores fallecidos- ha dejado en evidencia serias fallas de gestión sanitaria. Estas no se resuelven únicamente con la eventual remoción o renuncia de los funcionarios responsables -aunque sin duda esa respuesta política debe evaluarse en su propio mérito-, sino que demandan mejoras de gestión de carácter profundo e inmediato.
Parece increíble, y causa gran desazón, que un país que enfrentó de forma tan exitosa el complejo desafío del Covid-19 deba ahora ver familias enlutadas por una enfermedad recurrente y bien conocida que puede controlarse con una atención médica primaria entregada a tiempo, con la debida coordinación entre los sistemas público y privado. Esta última falló, como han reconocido ya las ministras de Salud e Interior en el caso de una lactante en San Antonio que murió por virus sincicial sin ser atendida a tiempo.
Este segundo nivel de la crisis -el de la gestión hospitalaria- tiene que ser hoy la primera prioridad del Gobierno en salud, que debe reparar cuanto antes el retraso ocurrido en la red de cooperación público-privada como respuesta a tan predecible, pero letal, brote invernal.
Dicho esto, es claro que existe aquí un potencial de aprovechamiento político que -hoy, como en el pasado- es extremadamente dañino y debe evitarse a toda costa, pues distrae del único objetivo que realmente importa: el cuidado de los enfermos.
