Colaboración versus obstrucción

Colbún y Arauco son dos compañías que reportan grandes inversiones al país, generando empleos, encadenamientos productivos locales e importantes recursos a las arcas fiscales que nutren el gasto fiscal. Los anuncios de suspender y trasladar a otros destinos proyectos millonarios fue un duro remezón para todo el ecosistema productivo y para las autoridades de Gobierno, que debieron salir a dar un cúmulo de explicaciones para intentar convencer a los inversionistas de que Chile no es hostil con la gran empresa.

Actuaciones de mandos medios están obligando al Gobierno a salir a explicar cada cierto tiempo que Chile no es hostil al desarrollo de grandes inversiones.

Tras la decisión de Colbún de poner en pausa su proyecto de almacenamiento de energía renovable Central de Bombeo Paposo, de US$ 1.400 millones, que se ubicaría en Taltal, el exdirector del SEA de Antofagasta, Ramón Guajardo habló con DF sobre su renuncia no voluntaria al cargo. Pese a señalar que no tenía sesgos contra la empresa, en la misma entrevista calificó la actitud de la eléctrica como “soberbia” y manifestó su molestia por lo que consideró una denostación por el trabajo de los profesionales del servicio regional. Puesto así, la decisión de la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, fue acertada, por cuanto la toma de decisiones en materia de la institucionalidad ambiental debiera estar siempre basada en normas conocidas, acotadas, apegadas a derecho, respaldadas en evidencia técnica, científica y económica y no en sentimientos o enconos personales.

El caso de Arauco, que resolvió iniciar uno de sus proyectos forestales más grandes de su historia en Brasil, por US$ 4.600 millones, en desmedro de Chile, tiene que ver justamente con las diferencias notorias entre la disposición de las autoridades en relación con cómo viabilizar grandes proyectos empresariales. Brasil acompaña, Chile obstaculiza, parece ser el mensaje, lo cual han recalcado las dos mayores forestales del país y también el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Mewes, al denunciar el rol que juegan en esta administración funcionarios de rango medio a la hora frenar iniciativas privadas sobre la base de criterios ideológicos más que técnicos.

Hace años que en los sectores productivos se debate sobre el efecto que pueden llegar a tener las actuaciones de los organismos de gobierno sobre el crecimiento, la formación de capital de largo plazo y la creación de empleo. Esto queda en evidencia cuando en lugar de ver colaboración y disposición de parte de funcionarios para corregir y acompañar a las empresas en el perfeccionamiento de sus desarrollos, se enfrentan medidas arbitrarias, exigencias sobrevinientes y criterios disímiles de parte de reguladores que dependen de la región, el organismo o el gobierno de turno.

El Estado debiera colaborar para que existan estándares y líneas base conocidas y legitimadas por todos los actores del mercado, capaces de ofrecer un umbral de tiempo razonable de validez, de modo de no estar dependiendo de estudios recurrentes, que sirvan como una suerte de bienes públicos para las inversiones. En ese esfuerzo, podrían concurrir las voluntades de lo público y privado, ya que el único efecto sería dar certeza a algo que hoy es solo incertidumbre.