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Alto contrasteSi bien el gobierno no ha dado a conocer en detalle la arquitectura con que pretende abrir en el Congreso el proceso de reforma al sistema de pensiones anunciado en agosto pasado, ya sea por imprudencia o premura política ante el fragor electoral y el reinicio de las movilizaciones, todo indica que la voluntad oficial es que “ningún peso más (vaya) a las AFP”.
La frase-consigna, como en cierta forma se la describió desde Hacienda, más allá de su evidente parecido con el nombre del movimiento contra las AFP, a medida que decanta entre los expertos levanta suspicacias y dudas respecto de su justificación técnica e incluso política.
En lo técnico, porque ex ante excluye de la ecuación a instituciones con un track record impecable en materia de rendimiento y seguridad de las inversiones, como son las AFP. Instituciones que por lo demás, en la medida que cobran sus comisiones como porcentaje del salario del trabajador, podrían en rigor administrar estos recursos extra sin cargar cobros adicionales a los que actualmente aplican por la gestión de los fondos. A ello se suma el que los diseños que han trascendido son el fondo un impuesto al trabajo con un dudoso equilibrio entre costos y beneficios.
Y, en segundo lugar, en lo político todo indica que a la mayoría de los actuales afiliados al sistema de AFP parece no gustarles la idea de que parte o todo el aporte extra de cargo del empleador vaya a un “ente público” , ni menos que dichas contribuciones se diluyan colectivamente, en lugar de nutrir sus fondos de modo de mejorar sus tasas de reemplazo, sobre todo en un mundo donde la nueva realidad demográfica está aún en evolución.
