Ajustes al subsidio eléctrico

Lejos de despejar dudas y generar certezas, el proyecto de subsidio eléctrico presentado por el Gobierno para mitigar las alzas en las cuentas de la luz transita un trámite cuesta arriba. La iniciativa, diseñada para cubrir a 4,7 millones de beneficiarios, registra menos de 2 millones de hogares inscritos, a una semana de haber culminado el segundo proceso de postulaciones. Con ello se ha reabierto la discusión respecto de los cálculos y la pertinencia de los pilares de financiamiento contemplados en el proyecto, que en el actual escenario podría terminar generando excesos recaudatorios para el Fisco.

El Gobierno ya ha anunciado que prepara indicaciones a la iniciativa, cuya discusión en particular comenzará la próxima semana. En lo medular, el Ejecutivo se allanó a reducir de US$ 450 millones a US$ 150 millones el cargo que busca cobrar a los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), a lo que se suma una sobretasa transitoria al impuesto de las emisiones de dióxido de carbono, que pasaría de US$ 5 a US$ 10 por tonelada de CO2 equivalente, y la recaudación del IVA originado en el alza de las tarifas eléctricas.

Ante las bajas postulaciones al subsidio no parecen necesarias las tres fuentes de financiamiento contempladas en el proyecto.

En el intertanto, el IPC anotó un aumento de 1% en octubre, muy por sobre lo esperado, lo que se explicó en gran parte por el alza de las tarifas eléctricas, que subieron 18,9%. Y diversos analistas prevén que en enero la cifra podría alzarse hasta 0,9%, presionada por las cuentas de la luz, lo que suma noticias preocupantes para el bolsillo de las familias y la economía.

En este marco y ante el número de postulaciones al subsidio menores a lo previsto, el ministro de Energía, Diego Pardow, anunció una nueva indicación, para financiar con los recursos eventualmente excedentes un programa de instalación de paneles solares domiciliarios. Sin embargo, este intento de concitar apoyos en el Congreso también genera dudas, considerando que desde la promulgación de la Ley de Netbilling, en noviembre de 2018, no se ha producido un debate renovado sobre la incorporación masiva de generación distribuida residencial, a lo que se suma que el período de retorno de la inversión en paneles fotovoltaicos fluctúa entre 6 y 10 años, plazo relevante en el presupuesto de los hogares. Más que una idea robusta, la propuesta parece tener cierto sesgo de improvisación, pues aun cuando la iniciativa de instalar unidades fotovoltaicas domiciliarias en las condiciones adecuadas puede ser una buena decisión, su financiamiento resulta cuestionable.

De no cubrirse el objetivo previsto de postulaciones no parecen necesarias las tres fuentes de financiamiento contempladas en el proyecto y tampoco parece razonable disponer de recursos con los que aún no se cuenta para propuestas que no forman parte del corazón de la iniciativa. Más sensato es actuar con responsabilidad fiscal y medir las expectativas en un proyecto que, a la larga, podría afectar áreas clave de la economía y la inversión.