¿Y ahora qué?

Hernán Cheyre V.

El sorpresivo resultado de la votación del proyecto de reforma tributaria en la Cámara de Diputados, en la cual se rechazó la idea de legislar la iniciativa presentada por el Ejecutivo, ha introducido un obstáculo que cambia en forma drástica el panorama. Parte importante del programa de gobierno diseñado para el cuatrienio 2022-2025 estaba contemplado financiarlo con los recursos que se estimaba iban a ser recaudados con la reforma (3,6% del PIB, en régimen), y en ausencia de esta -al menos durante un año, puesto que parece difícil pensar que la iniciativa pueda ser repuesta en el Senado-, habrá que buscar otros caminos.

El ministro Marcel ha señalado que tras este rechazo no será posible financiar el aumento de la PGU a 250 mil pesos, la reducción de las listas de espera en los hospitales ni tampoco se podrán aumentar los recursos para fortalecer la salud primaria. Pero ello no necesariamente es así. De hecho, buena parte de los problemas que se observan en el ámbito de la salud responde a un problema de mala gestión, y no necesariamente son la consecuencia directa de una insuficiencia de recursos: el gasto fiscal en salud -y también en educación- se ha multiplicado casi por 10 veces desde 1990 hasta la fecha, y los problemas siguen ahí.

“Lo esperable es que el Gobierno presente un nuevo proyecto tributario en un año. Ojalá tome en cuenta la experiencia internacional y aborde una de las mayores anomalías del código de impuestos chileno: la baja contribución de las personas naturales”.

Y respecto de aquellas iniciativas que necesariamente requieren de mayores recursos -caso de la PGU-, habrá que recurrir al expediente de reasignar fondos desde otras áreas y programas que ya no se justifican, o que no son prioritarios, o que definitivamente están siendo mal evaluados.

El ministro Marcel ha señalado también que el rechazo del proyecto obedece al “triunfo de la ideología por sobre el pragmatismo”, y en esto no deja de tener razón, pero en el sentido inverso a como él lo plantea: en economías abiertas e integradas al mundo, impuestos al ahorro y a la inversión los terminan pagando en buena medida los trabajadores a través de menores salarios relativos, o alternativamente los capitales fluyen a otras latitudes. Y esto no es ideología, es pragmatismo.

¿Qué sentido tenía insistir en un impuesto al patrimonio, en circunstancias de que la mayor parte de los países que lo han implementado han dado marcha atrás, por los insatisfactorios resultados obtenidos?

¿Qué sentido tenía intentar compensar esto con un aumento en la tasa de impuesto a las empresas -como lo propuso un gremio empresarial-, en circunstancias de que la carga tributaria efectiva de las empresas en Chile, medida como proporción del PIB, se encuentra entre las más altas del mundo?

¿Y qué sentido tenía gravar con un impuesto parte de las utilidades retenidas por las empresas, en circunstancias de que la principal fuente de ahorro interno en Chile -bastante alicaído, por lo demás- es precisamente la reinversión de utilidades de las empresas?

Lo esperable es que el Gobierno presente un nuevo proyecto durante el próximo año, y cuando esto ocurra, siguiendo la idea de aumentar la recaudación tributaria entre 3 y 4 puntos porcentuales del PIB, cabe esperar también que se tome en cuenta la experiencia internacional sobre la materia y se aborde una de las anomalías fundamentales que presenta el código tributario chileno, como lo es la baja contribución que representan los impuestos pagados por las personas naturales, y la excesiva carga que se coloca sobre las empresas. Y esto es pragmatismo, no ideología.