Una mirada de Estado hacia las zonas extremas

Durante los últimos dos años han surgido diferentes conflictos en las regiones más aisladas de nuestro país, fruto de la falta de interés e indiferencia. El rol del gobierno debe ser el de fortalecer la integración territorial y el desarrollo de quienes estan más lejos.



El principal problema de las regiones extremas es la falta de desarrollo y progreso, derivado de menores condiciones competitivas, mayores costos de producción y aislamiento geografico. Especial mención debe hacerse del territorio “insular” de Magallanes, ubicado a más de 3.000 kilometros al sur de Santiago y al cual sólo se accede por vía terrestre por Argentina. Ello hace que existan objetivas deficiencias competitivas derivadas del alto costo del flete y transporte, de un mercado pequeño y menores rendimientos producto del clima.

Para ello los diferentes gobiernos han establecido leyes de “incentivo”, que el actual gobierno ha determinado refundir en un solo texto legal, que está en la Cámara de Diputados, y que ha sido rechazado en las comisiones de zonas extremas y Hacienda.

El rechazo se explica porque existen materias sustanciales que como diputado he planteado para perfeccionar el texto legal. El impacto de las leyes actuales ha sido insuficiente porque el incentivo tributario, del 32%, es bajo y no alcanza a compensar los mayores costos de producción. Tampoco estos incentivos llegan a las pequeñas y medianas empresas, pues hay un piso muy alto para acceder. La bonificación a la mano de obra es tributable, lo que afecta su impacto positivo, y no está indexada al salario mínimo. Es un caso único donde un subsidio es considerado ingreso renta tributable. Finalmente tampoco se genera un incentivo a que dicha bonificación sea pagada a los empleadores que paguen al menos un 20% más del salario mínimo para incentivar el traspaso al trabajador del beneficio.

Para lograr la aprobación de este texto legal los parlamentarios de regiones queremos que se mejoren dichos elementos para que de verdad tengamos una ley que “incentive” el desarrollo y progreso en las zonas aisladas y revertir el despoblamiento que ocurre.

A principios del siglo pasado, el 80% de la población de la Patagonia estaba en Chile; hoy sólo tenemos el 20%. Ello ha ocurrido porque Argentina ha entendido que sólo a través del crecimiento económico y poblacional se defiende la soberanía y el territorio nacional. Argentina sigue promoviendo la inversión en los territorios patagónicos. En noviembre de 2009 estableció la Ley 3.092, de la Provincia de Santa Cruz, para fomentar la Promoción y Desarrollo Industrial, que considera beneficios tales como la devolución del 40% de la inversión nueva realizada, exención de tributos provinciales por 10 años, subsidios a los costos de servicios básicos y a las tasas de interés, y reembolso por contratación a la mano de obra santacruceña.

Esperamos que la autoridad política reflexione y revierta la mirada economisista de corto plazo que ha imperado y la sustituya por una visión geopolítica, integradora y de defensa y desarrollo de los territorios más aislados.