El 8 de noviembre se celebró en Berlín el 20 aniversario de Transparencia Internacional, organización que nació inspirada en la lucha contra la corrupción liderada por Peter Eigen, quien en su calidad de director del Banco Mundial en Nairobi, se percató de cómo las empresas multinacionales que tenían operaciones en África, debían disponer de recursos adicionales para pagar sobornos a las autoridades a fin de poder seguir operando en los respectivos países. La enorme cantidad de recursos que se destinaban para fines no relacionados con la operación de las empresas o el pago de los correspondientes impuestos, era enorme, y solo beneficiaban a algunos pocos que, aprovechándose de posiciones ventajosas en la sociedad, abusaban de su poder y autoridad en muchos casos mal habida.
Transparencia Internacional, luego de veinte años, ha logrado constituir un movimiento mundial con capítulos en más de 97 países que ha instalado la transparencia como una efectiva herramienta para disminuir la corrupción y promovido el empoderamiento de la ciudadanía en el control de los recursos públicos. Importantes convenciones internacionales han sido aprobadas por Naciones Unidas y la OCDE para luchar contra la corrupción.
La mayoría de los países miembros de estas organizaciones cuentan con legislación que garantiza el acceso a la información pública y penaliza los delitos de soborno a funcionarios públicos extranjeros.
Nuestro país, siguiendo esta tendencia, ha suscrito las convenciones internacionales más importantes en esta materia, ha promulgado una Ley de Transparencia por la que los ciudadanos pueden solicitar la información que estimen conveniente conocer, creando el Consejo para la Transparencia como órgano garante de este derecho, y actualmente se discute en el Parlamento distintas leyes que buscan mejoras a la probidad en la función pública, el acceso a la información, la modernización de los gobiernos municipales, la regulación del lobby y de los conflictos de interés; son temas en los que pese a existir avances aún están pendientes de ser aprobados en el Congreso, no obstante existir acuerdos básicos.
En tal sentido, la discusión de la llamada ley de lobby ha durado más de nueve años, pasando por los últimos tres gobiernos, sin que todavía tengamos luz verde en este importante tema.
Por otra parte, se hace imprescindible una buena ley de financiamiento de la política y transparencia de partidos políticos, siendo necesario transparentar cómo se financian los partidos políticos y los lazos que puedan tener nuestros representantes con el mundo de los negocios, ya sea por medio de los aportes que reciben en sus campañas o con las empresas con las que se relacionan directa o indirectamente.
Lo que se celebra en Berlín debiera servir para incentivar a la sociedad a dar un nuevo impulso para mejorar no solo nuestra institucionalidad, sino que también reforzar los valores que nos deben inspirar como ciudadanos que queremos vivir en una sociedad solidaria y amigable, con instituciones sólidas y confiables y con una democracia estable y consolidada. Todo esto ayuda sin duda alguna a recuperar las confianzas perdidas, el gran problema de nuestra democracia e instituciones.
Tenemos que avanzar más rápido. Chile y los chilenos merecen que nuestra clase política acelere el proceso de transparencia que nos lleve a una sociedad con mejores estándares de probidad. Pero esto no es tarea solo de los políticos. Somos todos los actores de la sociedad, el sector privado, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, entre otros, los que debemos empujar en el mismo sentido.
Estamos confiados que el próximo gobierno pondrá este tema entre sus prioridades y nos convoque a vivir en una sociedad transparente y libre de corrupción.