Señora Directora:
De todas las aristas del debate previsional, probablemente en la que existe más acuerdo, al menos en lo técnico, es la necesidad de robustecer el Pilar Solidario.
Este pilar sirve a 1,7 millones de personas vulnerables y con la ley corta ingresada esta semana, ese número podría llegar a 2,3 millones (¡de forma inmediata!), además de significar una mejora de los montos. Ni hablar de lo que puede ser para quienes se quedaron sin trabajo y sin fondos, producto de la pandemia y de los retiros.
Por eso, me resulta incomprensible que parlamentarios pongan trabas a esta ley corta. Si bien las fuentes de financiamiento pueden generar diferencias negociables, lo que no se entiende es la insistencia de supeditar la aprobación de la ley a la introducción de cambios paramétricos de difícil ejecución, o incluso, exigir el fin de las AFP como condición para aprobar cualquier proyecto, elementos que competen al Pilar Contributivo y en cuya discusión se está lejos de llegar a un acuerdo.
Los parlamentarios pueden vivir cómodos mientras ellos discuten proyectos que cambian a la par de los gobiernos, pero los actuales y potenciales beneficiarios de este proyecto de seguro que no pueden esperar 10 años más.
Daniela Leitch Barra
Investigadora Asistente Centro de Estudios Públicos