También una crisis de legitimidad

Marcelo Schilling

Polémica ha generado el nombramiento de Juan Benavides Feliú como presidente del directorio de la principal cuprífera del país. El requerimiento que ingresaron a la Contraloría General de la República los diputados Leonardo Soto y Manuel Monsalve, para que el ente se pronuncie acerca de la legalidad recaída en la designación y que dictamine si se ajusta a la normativa vigente, dejó constancia de la improcedencia de su nombramiento y de un nuevo nodo de conflictos público – privados. Con los días, a esta interpelación a la legalidad se han sumado senadores de oposición y, tal vez de mayor relevancia, la misma Federación de Trabajadores del Cobre (FTC).

La objeción a este nombramiento no es en vano, dadas las sanciones administrativas aplicadas por la Superintendencia de Valores y Seguros, y confirmadas por la Corte Suprema, por las graves infracciones a la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas que cometió el Sr. Benavides Feliú. Con ocasión de estos hechos relacionados a la "Colusión de las Farmacias" en 2007 y 2008, las cadenas de farmacias involucradas aumentaron sus ingresos por un monto de $27 mil millones de pesos. Recordar que el aludido fue sancionado administrativamente con el pago de 300 UF por ejercer su cargo como director de FASA de manera negligente.

Por si no fuera suficiente, también incurre en conflicto de interés, esto es, por tener relaciones comerciales con Farmacias Cruz Verde, por su cargo de gerente del Grupo Falabella, aun cuando era director al mismo tiempo de Farmacias Ahumada. En conocimiento de estos antecedentes, el nuevo presidente de Codelco se encontraría inhabilitado para ejercer dicho cargo, al no poseer antecedentes comerciales y tributarios intachables, tal cual lo exige la normativa. Las faltas del Sr. Benavides no son para Dicom. Constituyen un grave atentado a las reglas del Orden Económico Constitucional, en especial a la norma de la "sagrada" libre competencia.

En suma, y dada la férrea defensa de legalidad que ha hecho el gobierno de este nombramiento, cabe preguntarse si efectivamente la ética de la práctica política constituye para la autoridad actual una cuerda separada del ámbito de la legalidad. A la luz de este insólito hecho, resulta de toda necesidad reafirmar que la ética que sostiene la función pública, especialmente de las autoridades del país, no puede verse reducida a sus aspectos más elementales de legalidad.