Escasez de agua: ¿condición permanente?

Susana Jiménez

La presión sobre los recursos hídricos irá en aumento en el mundo. Una mayor demanda vinculada al consumo humano y la actividad productiva, combinada con mayores limitaciones de oferta asociadas a la variabilidad climática, podrían configurar un escenario de creciente escasez. Sin embargo, esta escasez es en realidad relativa, puesto que puede y ha sido superada por algunos con mejoras de gestión, una institucionalidad adecuada y, sobre todo, con mayor infraestructura.

Algunas experiencias internacionales son esclarecedoras. Singapur e Israel, por ejemplo, cuyos recursos hídricos (escorrentía total media) son 500 veces menores a los de Chile, han logrado satisfacer sus necesidades con inversiones en obras –acueductos, embalses, desalinización y plantas de tratamiento y reciclaje de aguas residuales– que han ampliado la cantidad de recursos a la que tradicionalmente han tenido acceso. Es así como han evitado que el hándicap por la carencia de agua se traduzca en un impedimento al progreso.

Lo anterior tiene mucho que ver con la capacidad económica y financiera de los países, pero también con la voluntad política de tomar acciones e impulsar la inversión en infraestructura. En Chile, el gobierno ha reconocido la necesidad de avanzar, entre otros, en la construcción de embalses de distinto tamaño; sin embargo, razones políticas y burocráticas han impedido dar continuidad y celeridad a las estrategias diseñadas con anterioridad. A ello se suma un problema común, cual es la competencia por recursos públicos entre proyectos con rentabilidad social positiva, pero que usualmente terminan destinados a otras necesidades.

El país requiere de una mirada prospectiva y de políticas innovadoras que permitan liberar recursos públicos y atraer capital privado a la inversión en infraestructura hídrica. El Estado tiene un rol ineludible a la hora de levantar proyectos, diseñar modelos de cooperación público-privada y apoyar a los sectores más vulnerables para que no sean privados del acceso al recurso. Modelos innovadores como los que ha seguido Perú, donde los privados han desarrollado obras de conducción y almacenamiento de agua a cambio de terrenos fiscales que adquieren factibilidad de riesgo, son propuestas a evaluar.

En síntesis, no se trata solo de avanzar en embalses largamente comprometidos pero incomprensiblemente postergados, sino además de evaluar propuestas novedosas que permitan, entre otras cosas, transportar el recurso desde donde abunda hacia donde escasea (carreteras hídricas), eliminar barreras normativas que desincentivan el desarrollo de obras multipropósito (desaladoras) y alentar nuevas formas de almacenamiento (infiltración de acuíferos), que permitan vencer las restricciones existentes. Es hacia allá donde debe avanzar la política pública, no así en modificaciones legales o constitucionales como las que hoy se tramitan en el Congreso. La concreción de obras de infraestructura no necesita nuevas leyes; menos de cambios que afecten la certeza jurídica que se requiere para comprometer dichas inversiones.