Si es niñita, póngale Dominga

Clemente Pérez

Hace algunos días, circuló una foto (supongo que real) de un grupo de trabajadores partidarios del proyecto minero Dominga con un cartel, frente a la Moneda, que decía: “Presidente, si es niñita, póngale Dominga”. Una protesta ingeniosa. Así también, otros trabajadores y vecinos se han opuesto a dicho proyecto, que lleva largos años en el debate público.

Como es habitual, a algunos les gusta el mencionado proyecto y a otros, no. A mí, de hecho, no me gusta.

Pero la pregunta no es si nos gusta o no. La pregunta que debe hacerse el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es si un proyecto de inversión cumple o no con la normativa vigente y si es capaz de mitigar los impactos ambientales que produce. Y ante esta pregunta, todos los análisis técnicos han concluido que sí, que el proyecto debe ser aprobado. Esa fue la conclusión del Informe Consolidado de Evaluación de la Región y a la misma conclusión llegó, en forma contundente, el Tribunal Ambiental.

Le ha hecho daño a la institucionalidad ambiental la politización de las decisiones por parte del Comité de Ministros. Ahora, de hecho, nos encontramos ante una especie de loop interminable. El Tribunal Ambiental ordena aprobar y el Comité de Ministros apela a nuevas razones, cada vez con más cara de excusa, para rechazar. La semana pasada rechazó porque, a su juicio, en el proceso de evaluación se excluyeron observaciones de la Conaf sobre algunas especies endémicas y porque “el plan de prevención de contingencias y emergencias del proyecto no es suficiente para hacerse cargo del riesgo de derrame de hidrocarburos”.

Habrá que esperar la resolución final. Pero el tema de fondo es que el Comité de Ministros ha desperfilado su rol de velar por el correcto proceso de evaluación ambiental, y hoy merece ser sustituido por una instancia revisora de carácter más técnico, lo cual se está discutiendo en el Proyecto de Ley de Reforma al SEIA.

Pienso que es el momento de volver a las raíces. La institucionalidad ambiental funciona sobre la base de normas de calidad ambiental. Ellas definen el estándar que queremos lograr, o el riesgo que podemos tolerar. Para su dictación se requiere un proceso riguroso de estudios técnicos, análisis económico, participación ciudadana, y exigencia de revisión periódica. Para asegurarlas, se deben establecer normas de emisión y procedimientos de evaluación claros.